Asimismo, los Ex Combatientes Islas Malvinas de la La Plata, propician continuar con las políticas de Estado que pasaron de enérgicas protestas diplomáticas a la acción, como es el decreto firmado por la presidenta en el 2010 que condiciona a que todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre los puertos continentales y las Islas Malvinas, deberá solicitar una autorización previa al Gobierno Argentino, limitando de ese modo el tráfico marítimo tanto comercial como turístico en la región.
El comunicado emitido anuncia que "en vísperas de los 30 años del conflicto armado de 1982, llevado a cabo por el gobierno de facto de Galtieri, que produjo una inútil pérdida de vida de cientos de jóvenes argentinos, que nos retraso en los reclamos por la soberanía y permitió a las potencias egemónicas posicionarse en el Atlántico Sur con una contundente presencia militar instalando la Fortaleza Malvinas y posibilitando la explotación de nuestros recursos naturales".
En tal sentido los ex combatientes, expresan su adhesión a que el gobierno nacional revise los acuerdos realizados en 1999 que permite los vuelos entre Punta Arenas y Malvinas con una escala mensual en Río Gallegos como otra acción destinada a la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo.