Pero la demagogia punitiva ha calado tan profundo en nuestra sociedad, capilarizando a todas las clases sociales (los vecinos organizados de Rosario son laburantes) que se han generado condiciones de enunciación para llamar justicia por mano propia a lo que claramente es homicidio calificado. Ahora, muchos se rasgan las vestiduras clamando por el Estado ausente, y los políticos en campaña utilizan oportunistamente el tema para posicionarse. Pero cuando desde el gobierno nacional se intenta hacer una reforma de la Justicia, hay quienes dicen que “se invade la división republicana de poderes”.

Esos mismos políticos y esos vecinos indignados miraron para otro lado, seguramente por miedo, cuando los gobiernos provinciales de distintos colores políticos pactaron salarios con las narcopolicías en medio del delito de sedición.

Tampoco debe pasar desapercibida, por ejemplo, que es muy común que se incendie la casa de un supuesto violador, que se escrache a escuelas en las que supuestamente ha habido un abuso sexual a un niño o niña (transmitido en vivo y en directo por los canales de noticias) antes de que la Justicia encuentre inocente o culpable a los denunciados.

No podemos además dejar de reflexionar que en los últimos saqueos, promovidos y habilitados por la sedición policial, se robaron artículos prescindibles: electrónicos, informáticos, celulares. Un profesor cordobés vio al abanderado de su escuela secundaria robando zapatillas en el diciembre de los saqueos narcopoliciales.

Hay una nueva pobreza en la Argentina que no es la relacionada con la falta de alimentos como 2001/2002, sino la imposibilidad de acceder a los objetos que se necesitan en la sociedad consumista para ser: “tener para ser”.

Hay mucho para hacer. Por supuesto los Estados deben asumir la responsabilidad para recuperar la autoridad del ejercicio pleno de la fuerza pública. Fuerzas de seguridad, Justicia y sistema penitenciario deben ser puestos en revisión y transformación total. La lucha contra el narcotráfico debe ser política de Estado.

Desde la sociedad civil debemos hacernos cargo y trabajar por la profundización de la democracia, la justa distribución de la riqueza, la solidaridad, la cooperación, la no discriminación, la superación de la xenofobia, etc.

Desde la escuela también hay mucho que hacer. En primer lugar pedagogía de la presencia, los docentes debemos ser adultos significativos para nuestros niños y adolescentes. Desde las políticas educativas debe encararse con seriedad, continuidad y responsabilidad dos graves problemas de los sistemas educativos; por un lado la tasa de sobreedad con que egresan los chicos de la escuela primaria condiciona y obstaculiza la escolarización secundaria y se convierte en una de las causales del desgranamiento. Por otro lado, la falta de proyectos solidarios en las escuelas, edificios en los que se puedan desarrollar actividades artísticas, deportivas y culturales en general. Pensar la escuela como centro cívico, cultural y social del barrio es la tarea conjunta que debemos emprender educadores y autoridades educativas.

Cimentar fuertes articulaciones entre las áreas de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social constituyen la llave maestra de la construcción de la justicia social.

* Secretaria general de Ctera.