Se realizó en Cipolletti, organizada por la Unter y la CTA Río Negro, la Jornada Provincial contra la Impunidad. Estuvo presente la Secretaria de Género de la CTA Nacional Estela Díaz y setenta compañeras/os de distintos lugares de la provincia, secreatarias/os de derechos humanos y género de las conducciones locales y militantes de la UnTER, de ATE, del Soyem de Bariloche y de la CTA.

Por la mañana se inició el encuentro con las intervenciones del Secretario General de la CTA, Luis Giannini, del Secretario General de la UnTER, Marcelo Mango, de la Secretaria de Género y Derechos Humanos de la UnTER y de Género de la CTA Río Negro, Cristina Bay. Luego de la intervención de Estela Díaz planteando la problemática de los Derechos Humanos y del Género, en el contexto de las tareas de la CTA, se realizó un taller al respecto, que incluyó la proyección del video realizado por la UnTER, en julio 2010, "Mi vida no hay derecho".

A media mañana, un grupo de compañeras/os, encabezados por Mango y Giannini, fueron a Neuquén para acompañar la movilización y la presencia de los compañeros de ATEN y de CTERA, en la audiencia que se realizó en el Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia, donde la fiscalía, la defensa y la querella de la causa Fuentealba 2, expusieron argumentos que ahora el máximo tribunal provincial tendrá que evaluar y producir una definición en un plazo de 20 días hábiles, sobre el destino y la continuidad de esta causa, donde están involucrados Sobisch y sus funcionarios políticos y policiales.
Al mediodía se realizó una conferencia de prensa con los medios locales y regionales, con Estela Díaz y compañeros de la conducción de la UnTER, sobre las problemáticas debatidas en la jornada.

Por la tarde, el taller trabajó en grupos y generó conclusiones sobre otras problemáticas de Género como la Educación Sexual Integral, la ley nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Se culminó debatiendo y definiendo líneas de acción para el desarrollo del trabajo de las Secretarías de Derechos Humanos y Género de la UnTER y la CTA.

Pero antes de terminar tuvimos la emocionante visita de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, de Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, de Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y de la CTA Buenos Aires y de Alejandro Demichelis, Secretario de Prensa de CTERA. Ellos expresaron lo importancia de permanecer movilizados para exigir justicia y para que nunca más la acción represiva nos mate docentes, militantes o continúe matando a los pibes, como sucede en Río Negro y tantos lugares del país, donde la policía termina siendo siempre el brazo armado de la injusticia y las inequidades de los poderosos.

Luego desde las 17,30 nos movilizamos todos a la plaza de la Justicia de Cipolletti donde se realizó un Acto público contra la Impunidad, con la exposición de gigantografías y las intervenciones de Luis Giannini, Marcelo Mango y Estela Díaz, cerrando la actividad con la proyección del Video "Mi vida no hay derecho".

En dicha actividad se difundió el documento que detallamos a continuación:

JORNADA PROVINCIAL CONTRA LA IMPUNIDAD
La provincia de Río Negro tiene el triste record de más de 100 crímenes impunes, en su historia reciente. La mayoría de ellos han sido contra mujeres (femicidios) y contra jóvenes o adolescentes, muchos de ellos además de humilde condición.

Esto nos presenta como una sociedad con poca capacidad para respetar los derechos de los más débiles, con tradiciones machistas, ancladas en el hedonismo y el individualismo, en la escasa valoración de la vida que crece y que depende del sentido humanitario del contexto social, que en este caso no está muy desarrollado.

De esto somos responsables como sociedad. Pero quienes gobiernan son más responsables aún y en alguna medida también son culpables.
Tenemos leyes provinciales democráticas y protectoras de los derechos, pero casi no rigen. El mismo poder legislativo que las sancionó no tiene capacidad de controlar o exigir su pleno cumplimiento.

Un poder ejecutivo verticalista que impide el control ciudadano de casi todas las instituciones del Estado. Con una policía brava que no se diferencia mucho de la que hubo en la dictadura y que recluta a gran parte del personal estatal, como premio a su militancia electoral.

 Una justicia sin capacidad de resolución justa de los casos. Ha sido desbordada con denuncias sobre la actuación de los poderosos del gobierno y del establishment, pero jamás ha condenado a ninguno. Muchos rionegrinos sienten, con razón, que, para los débiles, no hay justicia. Por eso hay tanta impunidad. 

 
VIOLENCIA POLICIAL
 En el gobierno de Río Negro, la lógica policial represiva es el brazo ejecutor de una política de exclusión social. Hay sobrados ejemplos del accionar criminal de la policía de la provincia. Los más recientes, dirigidos a jóvenes impunemente asesinados, los pibes de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, así como Guillermo Trafiñanco de Viedma y Guillermo Garrido en El Bolsón. El Secretario de Seguridad Comisario Cufré y el ministro de Gobierno Larreguy son responsables de la violencia y la brutalidad policial que no cesa. Repudiamos a la justicia demasiado blanda en causas de derechos humanos, como quedó demostrado en el caso de la joven violada y torturada en la comisaría de Guerrico.

Nuestros/as estudiantes, que asisten a la escuela pública, junto a los jóvenes que el gobierno expulsa y margina son el blanco preferido de la represión policial. Para evitar estos casos, para que no exista impunidad y lograr que los autores materiales e intelectuales sean condenados, es que impulsamos el debate y la reflexión necesarios, apoyando todas las acciones de lucha contra la impunidad y por la Verdad y la Justicia para los pibes que no son peligrosos, sino que están en peligro.

BASTA DE IMPUNIDAD
Exigimos justicia por los más de 100 crímenes impunes que existen en Río Negro. La impunidad es terrible cuando la justicia no encuentra a los culpables ni realiza procesos claros que lleguen a la condena justa. Pero es mucho peor y son consecuencia de ella, los crímenes cometidos por la violencia institucional policial, amparada por las estructuras políticas del gobierno, o se sospecha claramente de ellas. Miles de jóvenes cada día padecen la violencia.

institucional que ejerce el Estado rionegrino a través de su policía, maltratando y abusando de una autoridad que no saben ejercer de otra manera, alentados por gobernantes nefastos que lejos de frenarlos los apañan, invitándolos a participar de la interna del partido gobernante
y aceptando sus despliegues violentos como hacen con el famoso grupo BORA, que bastante daño ha hecho desde 1995 hasta hoy.
Exigimos una vez más que el gobernador Saiz se haga cargo de terminar con esta política de represión y muerte, separando de sus cargos a Cufré y a Larreguy y a toda la cúpula policial.
 
Que se inicie una profunda reestructuración de las políticas de seguridad y de la policía.

Exigimos que la justicia de Río Negro empiece a dejar de ser cómplice de este orden injusto que amenaza cada día la vida de los más humildes y los más jóvenes y empiece a demostrar que sirve para administrar justicia para este pueblo y no impunidad para los poderosos y los mafiosos de uniforme.
 
En este sentido resulta muy importante el debate sobre la democratización del poder judicial que impulsamos desde SITRAJUR y la CTA. Debate ya iniciado con la presentación de un proyecto en la Legislatura en abril pasado.

TRATA DE PERSONAS
Condenamos enérgicamente la trata de personas, actividad criminal heredada del secuestro y la desaparición forzada de la dictadura, que puede avanzar como lo ha hecho en la provincia, en el marco de la estructura mafiosa conformada por una mezcla de poder político, judicial y policial que la sostiene.

NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD
La matriz de una política de seguridad se construye con inclusión social, nunca con la lógica policial represiva.
La política de mano dura genera una espiral de más mano dura.
La última dictadura en 1976 impulsó la baja de la edad de la imputabilidad. En una democracia, la política debe ser de inclusión social, educativa, cultural, deportiva, comunicacional, etc.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA
Río Negro adhirió a la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles.

La Comisión Especial de Derechos Humanos de la Legislatura de Río Negro informó que se encuentra abierta la inscripción para integrar el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ante la falta de cumplimiento de estos protocolos por parte de funcionarios políticos y agentes policiales, el Comité velará porque no se cometan violaciones a los derechos de las personas alojadas en cárceles, unidades policiales, hogares de menores, entre otros, por medio de visitas sorpresivas a la vez que generando informes que denuncien, sugieran y recomienden medidas efectivas de sanción y prevención al Estado.
La CTA, coherente con su accionar, integrará este Comité Provincial.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La Ley Nacional 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sancionada en marzo de 2009, ha recibido la adhesión de la legislatura de Río Negro en sesión del 14 de abril de 2011. Esta aprobación implica una transversal revisión de las políticas de los Ministerios y de las políticas públicas, ya que obliga al Estado a ser garante de estos derechos y al Superior Tribunal de Justicia a elaborar un registro que dé cuenta de este flagelo cultural de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

CÓDIGO CONTRAVENCIONAL
A fines del 2010 la Legislatura de Río Negro, a pedido de distintas organizaciones sociales y gremiales como la CTA, modificó el Código Contravencional (ley 532) de la provincia de Río Negro a fin de resguardar las garantías a la libertad de las personas y su derecho de reunión y tránsito, claramente impedidos por el texto que regía desde la dictadura de Onganía.

Sin embargo el capítulo que permite la detención arbitraria de personas por parte de la policía y su demora por 24 hs. o más en las comisarías, en general en carácter de incomunicadas, sigue vigente y es un mecanismo que ha permitido más de un caso de tortura, maltrato y hasta muerte dudosa en sede policial, como es el reciente caso de Guillermo Garrido en El Bolsón, en enero 2011. Como suele tratarse de “faltas menores” se da intervención a la justicia de paz, en forma inmediata sólo si el jefe de la unidad decide hacerlo y por práctica cualquier discusión o intercambio de palabras suele tomarse como desacato, es motivo de detención, incomunicación por 24 hs. y muchas veces maltrato. En una provincia donde en menos de un año la policía tiene que responder a la justicia y a la sociedad por la muerte de cinco jóvenes humildes, que esta situación se mantenga incólume es realmente peligroso. Por eso decimos que los pibes están en peligro. 
 
No basta, aunque es muy importante, que las organizaciones y autoridades de todo tipo adhieran al Acuerdo por una Seguridad Democrática que se ha lanzado a nivel nacional. Es preciso que se hagan cambios rotundos y efectivos en estas políticas en la provincia, que pongan en primer lugar la defensa de la vida y de los derechos humanos de las personas. Hay que reestructurar la policía, democratizar la justicia y que las políticas de seguridad se gestionen con funcionarios civiles (no policiales como hoy) con control y debate público del conjunto de la ciudadanía.