Dos mandatos en torno del Impuesto a las Ganancias

La ley enviada al Congreso para eliminar el Impuesto a las Ganancias a trabajadores y jubilados es una medida largamente reclamada por el movimiento sindical que unificó tras ese reclamo a sus distintas vertientes. Sin dudas Sergio Massa toma el toro por las astas al plantear un proyecto que va más allá de los proyectos existentes al dejar prácticamente a todo el universo de asalariados fuera de su alcance.

Es necesario recordar que Mauricio Macri azuzó la supuesta eliminación de este gravamen como promesa de campaña y finalmente duplicó la cantidad de empleados alcanzados. Del millón doscientos mil que pagaban en 2015, el gobierno de Cambiemos elevó la suma a dos millones cuatrocientos mil, su pico histórico en 2019.

Lo más trascendente de la medida de Sergio Massa es que señala un rumbo que rompe la lógica del imposibilismo que tanto daño le hizo a nuestro gobierno.

Al mismo tiempo, la decisión del gobierno desnuda los límites de la oposición. Su primera reacción fue desafiar al Ejecutivo a enviar la ley al Parlamento para, acto seguido, recular en chancletas, anunciando su negativa a acompañarlo. Esta ida y venida tiene su explicación: no creían posible que se pueda hacer algo que no cuenta con el aval del FMI. Asumen de tal modo el tutelaje extranjero de nuestra economía que cualquier decisión soberana les resulta sencillamente fuera de los márgenes de su compresión.

Por eso esta decisión, expresada en el proyecto de Ley y el Decreto de Necesidad y Urgencia manifiesta una voluntad de avanzar más allá de lo que el realismo político considera aceptable. Esto se evidencia en que no se trata de un gesto aislado sino que forma parte de una batería de acciones como el aumento a jubilados y pensionados, los bonos a los trabajadores con menores ingresos, el alivio a los monotributistas, o la necesaria devolución del IVA para los productos de la canasta básica que cuida el bolsillo de los que menos tienen ante la voracidad de los formadores de precios. Es decir, se inscribe en una nueva secuencia que busca construir una interpelación a la ciudadanía que exceda el terreno de las redes y los posteos para hablar a través de los actos. En esa línea, se reconoce el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo anunciado a menos de 24 horas de la medida sobre Ganancias, que lleva al 8 por ciento del PBI la inversión en educación recogiendo una histórica demanda de la comunidad de estudiantes, docentes y universidades.

Se va construyendo, con definiciones de políticas públicas un mensaje en el que Unión por la Patria está señalando claramente que la distribución de la riqueza, la justicia distributiva y la inversión en salud y educación son las bases en las que se asienta un futuro gobierno de Unión por la Patria.

Evidentemente, los grandes grupos económicos y financieros locales en sintonía con los burócratas del FMI condenan estas políticas. Y a sus representantes políticos nucleados en las dos variantes de la oposición, la de Bullrich y Milei, les toca el triste papel de expresar el mandato de los poderosos.

Es de celebrar que tengamos un Gobierno que escucha el otro mandato: el que surge de las entrañas de nuestro pueblo.

* Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA.

NOTA PUBLICADA EN TELAM