Crecimiento del empleo: el crecimiento económico, del rol del Estado en las distintas áreas productivas y laborales permitió reducir el 25 por ciento de desocupación de 2003. Desde entonces se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Lo que, según datos del centro de investigaciones CIFRA, dependiente de la CTA, llevó a la desocupación a un 7,2%, la cifra más baja en casi 25 años.

 Paritarias: durante el gobierno de Néstor Kirchner se reinstauraron las negociaciones paritarias entre los gremios y las empresas, lo que representó una herramienta de reivindicación muy importante, de defensa de las condiciones de trabajo y del salario. También se reinstaló el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el mecanismo democrático para que los representantes de los trabajadores (CGT y CTA), los empresarios y el Estado, establezcan nuevos pisos para el salario mínimo, vital y móvil.

 Ley contra la promoción del trabajo infantil: la reciente ley, que formaba parte de la agenda de reclamos de la CTA, establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que “aprovechare económicamente” el trabajo de un “niño o niña siempre que el hecho no importare un delito más grave”.

 Estatuto del Peón Rural: sancionado en 2012, regula y protege aspectos de la actividad laboral en el ámbito agrario, tanto para los temporarios como para los permanentes. Entre otros puntos, la ley reconoce a la actividad los derechos de la Ley de Contrato de Trabajo, baja a 57 años la edad para jubilarse y prohíbe el trabajo infantil.

 Régimen de contrato de trabajo para el Personal de Casas Particulares: estipula que la jornada no puede superar las 8 horas diarias, contempla aguinaldo, licencia por maternidad y vacaciones. La ley repercute sobre más de 1 millón de trabajadores, en su mayoría mujeres.

 Incorporación jubilados: la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2008, estableció un mecanismo para la actualización de los haberes dos veces al año. Paralelamente, se realizó una moratoria para incrementar la masa de jubilados que superó la incorporación de 2,4 millones de personas.

 Estatización de las AFJP: hasta fines del 2008, diez AFJP administraban 90 mil millones de pesos de los trabajadores, cobrándoles comisiones por administración del 33 por ciento de sus aportes. Desde que la ANSES se hizo cargo de los fondos previsionales, las inversiones en proyectos productivos, obras públicas, energía y créditos para la vivienda se cuadruplicaron. Pasaron de 2183 millones de pesos a fines de 2008 a 8539 millones en la actualidad.

 Asignación Universal por Hijo: Se pasó de instrumentos focalizados –como el Plan Familias, el Jefes y Jefas de Hogar, entre otros— a un plan de más vasto alcance. Sus beneficiarios llegan a los casi 4 millones de chicos, lo que produjo un aumento considerable de la matrículas escolares y redujo la indigencia.

 Ley de Financiamiento Educativo: sancionada en 2005, estableció que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en su conjunto, debían destinar un mínimo del 6% del PBI a educación. Así, la inversión en educación pasó de representar el 3,77% del PBI en 2003 a 6,47% del PBI en 2011.

 Ley de ART: en sentido contrario a todas las medidas anteriores, la legislación sobre riesgos del trabajado sancionada en 2012 estableció una opción “excluyente” entre lo que paga el sistema y la vía judicial, así los trabajadores que decidieran cobrar de la ART no podrían ir a la Justicia a pedir una reparación mayor. Otro aspecto negativo fue que la ley obliga a encarar los juicios en el fuero civil y no en el fuero laboral, que es más expeditiva.