En la propuesta se ha considerado que la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del pasado 11 de marzo en la cual se considera a la Covid-19 como pandemia; el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 11 de abril de 2020, que sostiene que están en estudio 70 vacunas contra el “coronavirus” y que la producción y distribución de las futuras vacunas a nivel mundial constituirá un gran problema que deberán afrontar los gobiernos para poder garantizar el acceso a toda la población.
Existen diversas propuestas para la adquisición de los derechos de propiedad intelectual de las compañías que desarrollen la vacuna, de manera que esos derechos puedan ser utilizados por otras compañías para producir a gran escala, o para que la vacuna esté disponible sin derechos de propiedad intelectual, de manera gratuita.
Este es el momento para que los gobiernos se alíen para garantizar su producción masiva a escala planetaria y el suministro de grandes cantidades a todos los países, y es imprescindible que la vacuna llegue lo antes posible a toda la población, de manera de garantizar el derecho de la población a la salud.
La investigación privada no garantiza ni la producción ni la distribución de las vacunas a gran escala y mucho menos su accesibilidad, por eso, la propiedad intelectual de la vacuna debe ser un bien público, ya que no se trata de salvar a los habitantes de un país en particular. El virus es global así que se necesita una respuesta global.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras han exigido que no se patenten ni se reciban beneficios y ganancias comerciales de los medicamentos, los tests o las vacunas que se desarrollen para la pandemia de la Covid-19, y que los gobiernos se preparen para suspender y anular patentes y tomar otras medidas, como el control de precios, para garantizar la disponibilidad, reducir el precio y salvar más vidas. Algunos gobiernos ya han tomado medidas para facilitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias obligatorias para medicamentos, vacunas y otras herramientas para la Covid-19.
Los gobiernos deben prepararse para suspender o anular las patentes de herramientas médicas para la Covid-19 mediante la emisión de licencias obligatorias. Eliminar las patentes y otras barreras es fundamental para ayudar a garantizar que haya suficientes proveedores que vendan las herramientas para la Covid-19 a precios que todos puedan pagar, ya que los altos precios y los monopolios provocarán un racionamiento de medicamentos, pruebas y vacunas, que sólo servirán para prolongar esta pandemia.
Habrá entonces que declarar de utilidad pública o de interés social, ante la emergencia mundial producto de la pandemia, la futura vacuna de manera de dejar sin efecto la protección que otorga la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).
En su último estudio “Pharma 2020. From vision to decision” proyecta que los ingresos generados por ventas en la industria farmacéutica a nivel global “alcanzarían los 1,6 billones de dólares en 2020". Sinceramente no creo que si no dispone de la ganancia de los medicamentos por el tratamiento del coronavirus peligre su bienestar. Por tantas patentes por las que lucra, si en una no lo hace no la afectará demasiado.
Si no logramos que haya cientificos como Albert Sabin y Jonas Salk que no quisieron tener derechos de patentes sobre las vacunas que habían descubierto, deben ser los estados y la OMS que consigan ese derecho para la humanidad. Sería inconcebible, sería imperdonable que después de esta tragedia que atraviesa a la humanidad haya multimillonarios que incrementen aún más sus escandalosas fortunas y pobres que se mueran por no poder acceder a los medicamentos para evitar o combatir la enfermedad.
(*) Presidente del Parlasur.
Imagen: EFE