El conflicto:
Las familias Fernández-Benitez viven hace 40 años dentro de 30 has. objeto de litigio de dos expedientes judiciales, uno que sentencia el desalojo, originado en el año 2010; el otro que refiere la familia, del año 1994 donde constaría que la familia Pawlisky - quien inicia el juicio de desalojo, había perdido esas tierras en un remate (por falta de devolución ante préstamos recibidos bajo hipoteca). En este último, el comprador de las tierras en remate, Eduardo Teodoro Darán, pierde un juicio veinteañal con la Familia Fernández, el cual tampoco es tenido en cuenta por la Jueza Kassor.
El complejo trayecto jurídico resulta, en este caso, en negación del Derecho Posesorio y el sostenimiento de la vida de cinco familias. Una sentencia que se desentiende del fundamental derecho a la alimentación, la vivienda y el trabajo. Estas familias producen con herramientas de baja tecnología y escaso capital y forman parte del ReNAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar). A su vez, cuentan con el acompañamiento del INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar y el IAFEP de la provincia a través del Consorcio de Servicio Rural.
Cultivaron tabaco y algodón, mientras que hoy se dedican a la horticultura y cría de animales mayores. En definitiva, familias que desarrollan la típica producción diversificada de la Agricultura Familiar. Todo ello da cuenta del derecho que contiene a estas familias y los estragos que generan fallos judiciales que ponen por encima de estas realidades la propiedad privada, con tecnicismos jurídicos y arbitrarios criterios a la hora de impartir justicia. Cabe advertir, además, la vigencia en la provincia de la Ley 2890-I que declara la Emergencia Habitacional y suspende procedimientos judiciales de desalojo que puedan existir por la propiedad, en lo referido a la posesión uso u ocupación, con el objeto de regularizar la situación dominial de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena, respecto del inmueble rural donde residan y produzcan. (art. 2° y 3°).
Por todo lo expuesto, pedimos a los Poderes públicos del Estado para que la Justicia reconsidere y corrija la injusta sentencia: al legislativo provincial, un proyecto de Ley de Expropiación. Al Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal la intervención a fondo en la búsqueda de soluciones no violentas, invirtiendo los recursos necesarios para que la tierra, el bien común, el trabajo y cuidado de la vida sean garantizados, mas aún en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria.
#LaTierraParaQuienLaTrabaja
