La historia se remonta a diciembre de 2017, cuando el Congreso Nacional impulsó y votó la modificación de los impuestos destinados a sostener las Industrias Culturales de nuestro país, fijando como fecha de caducidad el 31 de diciembre próximo. En consecuencia, dentro de seis meses el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), las Bibliotecas Populares del programa CONABIP y los Medios de Comunicación Comunitarios dejarán de recibir de manera directa esos fondos tributarios. Fondos que no desaparecerán sino que quedarán bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno.
“Es importante que la ley se pueda transitar. Se necesitan 129 votos para que eso suceda. Se está trabajando a contrarreloj. 950 mil fuentes de trabajo en todo el país dependen de que haya un financiamiento a la cultura. No solamente cuando se habla de esto se trata del INCAA sino también del ENACOM, las Bibliotecas Populares, los actores y las actrices, las experiencias territoriales culturales que hay en todo el territorio. Así que hay mucha expectativa para que esto se pueda resolver”, señaló el secretario general adjunto de la CTA y titular de ATE Capital, Daniel Catalano.
“Este es un trabajo que también nace del diputado Pablo Carro, de la CTA de lxs Trabajadores, que es quien levanta este reclamo, esta bandera y la constituye como un proyecto en la Cámara de Diputados que hoy se debería estar tratando y sesionando”, expresó Catalano.
Por último, el dirigente estatal destacó: “En lo de máxima es que se vote por 50 años y que haya una respuesta estructural a los problemas que tiene en este momento el financiamiento de la cultura, producto de las modificaciones que hizo el macrismo durante su gobierno, que trabajó para que obviamente hoy estemos atravesando esta crisis tan profunda que tenemos en todos los organismos públicos y en todas las expresiones culturales que dependen de la asistencia económica del Estado”.