La decisión de establecer una “ESI alternativa”, promoviendo la presentación de proyectos que asuman el mencionado enfoque, genera las condiciones que habilitan la intervención de las comunidades religiosas en la formulación de los contenidos, la elaboración de materiales y la capacitación docente para la educación sexual en el sistema educativo provincial. De este modo, las autoridades provinciales resignan su responsabilidad en la conducción de la política educativa, y su deber de asegurar el cumplimiento de las leyes y el respeto por los principios democráticos, al ceder espacio a sectores que pretenden imponer su particular concepción del mundo a toda la sociedad. En esta provincia -como en otras- son los sectores conservadores de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas quienes no sólo se han opuesto sistemáticamente a la implementación de la ESI, sino que pretenden extender su injerencia a decisiones de política pública que afectan a toda la población.
La Ley 26.150 es muy clara respecto de la orientación, el enfoque y los objetivos de la enseñanza que promueve. La perspectiva democrática, integral, de género y diversidad no es negociable. No hay posibilidad de lograr los objetivos que la ESI se propone si ésta no asume una perspectiva crítica de las construcciones culturales que producen violencia, exclusión, discriminación, que subalternizan a mujeres y personas que asumen identidades disidentes de la norma heteropatriarcal, y que atentan contra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y a elegir la propia concepción de vida. El respeto constitucional a la libertad de culto no puede traducirse en la incorporación de los valores morales y la doctrina propios de ninguna opción religiosa particular en los programas educativos.
Compartimos el rechazo a esta medida expresado por la CTA de les Trabajadores de Chaco, la Red de Educadoras Feministas, el Frente por la ESI y colectivos LGBTIQ+ de la Provincia, y advertimos que con la llamada “ESI alternativa” se obstaculiza el desarrollo de una política efectiva en la lucha contra la violencia por razones de género en nuestra sociedad, y se interfiere en un espacio que ha demostrado ser imprescindible para detectar y prevenir las situaciones de abuso que padecen las infancias y juventudes. Reivindicamos la ESI como una política que, a través de la transformación de prácticas, comportamientos, pautas de relación y representaciones, ayuda a construir formas de socialización basadas en el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, y el respeto por la diversidad de sus opciones. Este es el valor fundamental que está en el centro de la vida democrática.
Por estas razones, exhortamos al Gobierno a revisar su decisión, a asumir su función de asegurar el cumplimiento de las Leyes y garantizar la plena vigencia de los principios democráticos en la Provincia de Chaco.
Secretaría Nacional de Igualdad de Género y Oportunidades
CTA de les Trabajadores
