Tras la conferencia de prensa conjunta del sábado 23 de mayo, Horacio Rodríguez Larreta debió asumir que las condiciones en la Ciudad generan un enorme riesgo sanitario para la población de toda la región metropolitana y anunció el endurecimiento para el desarrollo de algunas actividades comerciales. A pesar de ello, sigue sin brindar soluciones concretas en los barrios que, como consecuencia del abandono y la falta de políticas públicas, son los más castigados por la pandemia.
La falta de agua, la entrega insuficiente de alimentos, las pésimas condiciones ambientales en paradores y centros que alojan jóvenes y adultos mayores tiene responsables que no pueden quedar impunes. Exigimos la renuncia del secretario de Integración Social y Urbana de Larreta, Diego Fernández, que está más preocupado por pagarle en dólares y a precios internacionales a consultoras privadas para hacer tareas que son propias de su gestión, que por garantizar el acceso al agua de los habitantes de los barrios vulnerables.
El Gobierno de la Ciudad debe garantizar la universalización de los alimentos. Es necesario implementar de manera urgente una logística que permita la entrega de comida casa por casa para llegar a todas las personas que lo necesiten por estar sufriendo el cierre de comedores como consecuencia de la expansión del COVID en esos barrios.
El mismo Jefe de Gobierno que en 2017 aseguraba que para finales de 2018 su administración terminaría la red de agua y las cloacas en el Barrio Carlos Mugica, ahora se presenta ante la justicia para desligarse de esa responsabilidad y justificar que a metros de la zona más cotizada del distrito, miles de personas corren peligro por carecer de servicios esenciales.
La situación sanitaria en la Ciudad es cada día más complicada y los barrios más pobres cargan con la peor parte. Si bien es cierto que a Larreta le resulta cada vez más difícil tapar la realidad con publicidad, la información todavía se conoce a cuentagotas. La semana pasada terminó con 131 casos registrados en la Villa 21-24, más que en Villa Azul el asentamiento que se divide entre los municipios de Avellaneda y Quilmes que está en las tapas de todos los matutinos. La mitad de los contagiados de la Ciudad vive en las Villas y un tercio de los casos de concentra en la Villa 31. En el Barrio Ricciardelli (Ex 1-11-14) sobre mil testeos realizados la semana pasada, un 52 por ciento dio resultados positivos.
Lxs trabajadorxs de la salud de los centros de salud de Villa 21-24 y Zavaleta (CeSAC y CEMAR) a través de un comunicado compartieron los reclamos de vecinxs y organizaciones barriales que piden participar de la elaboración de los protocolos especiales para el barrio que además del COVID-19 convive con “el dengue, plomo en sangre, sarampión, enfermedades crónicas y acceso a servicios y recursos que en este contexto se agravan y complejizan aún más”.
En el Bajo Flores, las organizaciones que conforman el Comité de Crisis pidieron sin suerte una reunión con Larreta para abordar los problemas y obstáculos que encuentran en la implementación de las medidas contra la pandemia. El reclamo incluye un “abordaje del hacinamiento para poder llevar adelante las recomendaciones de aislamiento”.
Es por ello que, ante la incapacidad del principal responsable del Gobierno porteño en garantizar las condiciones de vivienda en el Barrio Mugica, exigimos su renuncia inmediata. La única posibilidad de abordar la crisis sanitaria en los barrios populares es a través de mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno nacional, el de la Ciudad y las organizaciones de vecinxs.
Larreta debe disponer de manera inmediata la vuelta a la FASE 2 del Distanciamiento y decretar la Emergencia Sanitaria, Alimentaria y Habitacional para garantizar la atención de toda la población de la Ciudad, con especial atención en los barrios vulnerables.