Como hemos dicho, Sergio Moro ha sido, como juez federal a cargo de la causa llamada “Lava Jato”, responsable de la persecución y el irregular encarcelamiento del ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, maniobra que permitió proscribir su candidatura a la Presidencia y facilitó la elección de Jair Bolsonaro, quien premió a Moro nombrándolo como primer Ministro de Justicia de su gestión. Más allá de las querellas que puedan haber llevado a su reciente renuncia a este cargo, la vinculación entre sectores del Poder Judicial y las expresiones más reaccionarias de la política brasileña han quedado suficientemente expuestas con aquella designación, que ratificó las denuncias no sólo de los sectores progresistas y democráticos de Brasil y de todo el mundo, sino también de integrantes de la comunidad académica y del ámbito judicial, que desde hace muchos años señalan el desempeño de Moro como una actuación destacada en la configuración del dispositivo de persecución politica en el que las corporaciones mediáticas e integrantes del Poder Judicial operan sobre la opinión pública en favor de los intereses de los sectores concentrados de la economía, para obturar el avance de las fuerzas populares en el marco de la disputa democrática.
Rechazar la participación de un personaje de estas características constituye una exigencia de defensa de la democracia, y forma parte del legítimo y necesario debate público en torno al rol de la universidad y la responsabilidad de la prensa en la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con la vigilancia republicana de las libertades. Quienes atentan contra las mínimas garantías del Estado de derecho no pueden ampararse en la “libertad de expresión” para seguir construyendo, sobre la base de la mentira, la operación de manipulación ideológica con la que los poderes fácticos extorsionan a nuestras democracias. Tenemos derecho a repudiar la presencia de Sergio Moro en Argentina, y tenemos la obligación de cuestionar a los medios de prensa y a las autoridades universitarias que lo auspician, porque la neutralidad periodística y académica no existe.
En estas decisiones se plasma, una vez más, una disputa política que atraviesa a la universidad latinoamericana desde los tiempos de las luchas por la independencia. Cada quien se hará cargo de sus compromisos. La Federación Nacional de Docentes de las Universidades públicas de Argentina, CONADU, se solidariza con quienes hoy sufren las dramáticas consecuencias de la llegada al gobierno de Brasil de una derecha retrógrada, violenta, racista, machista e insensible al sufrimiento de millones de personas. Esa tragedia tiene responsables, y es una afrenta a la universidad pública y a nuestra democracia que se les convoque a hablarnos sobre el Estado de derecho que su propia acción ha corrompido. Es preciso tomar nota: quienes están propiciando hoy esta actividad no están preservando la libertad académica, están montando una provocación política en Argentina. Nuestro repudio es, al mismo tiempo, un llamado de alerta a todas las fuerzas democráticas y a toda la ciudadanía.