Desde el Comité por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos de Jujuy se ha denunciado desde el primer momento la suspensión del Estado de Derecho en la Argentina. Jujuy se convirtió en el laboratorio de un ensayo represivo que se inició con la detención arbitraria e ilegal de la dirigente social Milagro Sala, primera presa política del macrismo. Más adelante otros 10 dirigentes de la organización social Tupac Amaru serían injustamente detenidos.
Este Comité también denunció la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que elevó su cantidad de miembros de cinco a nueve, garantizando la mayoría automática para el Gobernador Morales. Sus nuevos miembros fueron dos de los diputados del radicalismo responsables de votar la ley de ampliación: Pablo Baca y Beatriz Altamirano.
Entra la larga lista de arbitrariedades se denunció también la existencia de un tribunal puesto “a dedo” por el Gobernador Gerardo Morales en la causa conocida como “Pibes Villeros”. Este tribunal estuvo presidido por la Jueza María Alejandra Tolaba, quien había reprobado en dos oportunidades el examen para ocupar su cargo.
La misma situación se repitió en la Provincia de Mendoza gobernada por Alfredo Cornejo, aliado político de Mauricio Macri. Allí también se llevó adelante una feroz persecución política y judicial a las y los dirigentes de la organización Tupac Amaru.
“En la Argentina el Estado de Derecho está siendo vulnerado a partir de que gobierna la alianza cambiemos. Las condenas a las presas y presos políticos de Jujuy son decididas en el escritorio del gobernador Gerardo Morales y se han suspendido todas las garantías democráticas” aseguraron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Y agregaron: “valoramos que los Organismos Internacionales se pronuncien sobre la situación que atraviesa nuestro país”.