Internet como servicio público. TICs y derechos en Pandemia

Este jueves 3 de septiembre a las 17hs., Pablo Carro (Diputado Nacional, CONADU, CTA), Ana Arias (Trabajadora Social, UNLP, UBA) y Damián Loreti (Abogado, Docente, Redactor Ley SCA) reflexionarán sobre las TICs como servicio público esencial, estratégico y en competencia, el Rol del Estado en la garantía de cobertura, calidad y acceso y el derecho a la comunicación, la pluralidad y la diversidad informativa. Christian Dodaro (FEDUBA, UBA, UNDAV) y Larisa Kejval (Directora CCOM) presentarán y coordinarán la charla.

Se realizará por Zoom. También se transmitirá vía facebook live de FEDUBA.

Inscribite para participar en: https://bit.ly/3hK06s5

El decreto 690 reestablece el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia para los servicios TIC. De esa forma restituye derechos y la potestad del Estado para regular precios en esta materia que ya figuraba en la Ley Argentina Digital. ¿Qué son los “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”? Implican, por un lado, entenderlos como un derecho. Por otro lado, que el Estado ejercerá un mayor control en los precios de los servicios TIC para que estos sean justos y razonables. Y, finalmente, que podrá monitorear la prestación, exigirles a los licenciatarios mayores estándares de cobertura, calidad y acceso, y obligarlos a ofrecer una tarifa social con características que permitan un buen uso. Además define a la telefonía móvil como servicio público. Esto implica concebirla como un derecho que tiene que ser asegurado a todxs lxs ciudadanxs, por lo que el Estado debe garantizar su existencia, disponibilidad, regularidad y continuidad en la prestación, y la no exclusividad debido a su precio.

También conecta con el mandato de los organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas que le exigen a los Estados reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.

Finalmente, el Decreto reorienta la política pública comunicacional hacia el sector social por sobre sobre el mercantil. Además, abre el camino para una discusión más amplia juntos a todos los sectores políticos y de la sociedad civil sobre una nueva regulación que aborde integralmente el escenario convergente, resuelva cuentas pendientes como la equiparación de la TV paga con las Telecomunicaciones, y avance en la garantía del derecho a la comunicación, promocionando la pluralidad y diversidad informativa y fomentando mayores niveles de acceso y participación.