Ganar las calles para que paguen

El 17 de noviembre se dio un paso importante con la media sanción en Diputados del aporte extraordinario de los multimillonarios de nuestro país. El mismo día, el Presidente Alberto Fernández envió para su tratamiento el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y se votó la Ley de Fuego para regular el uso de la tierra tras los incendios. Una multitud de manifestantes –en columnas con sus banderas, en caravanas de camiones, autos y motos– copó las calles de las ciudades importantes del país en apoyo a esas medidas en el marco del Día de la Militancia.

Que pongan los que siempre ganan

El aporte extraordinario debe ser un primer paso para discutir un impuesto permanente a los que más tienen, que incluso durante la pandemia siguieron enriqueciéndose. El 10% más rico de la población tiene ingresos 13 veces más elevados que el 10% más pobre. Para más datos, en el debate en Diputados se reveló en boca de los miembros del PRO que votaban en contra de obtener recursos del 0.02% de la población para asistir el 99,98% en el marco de una pandemia. Fue luego de contraer la deuda más grande de la historia mundial, sin explicaciones, autocrítica ni perdón.

Los grandes empresarios, esos que ganan siempre, ahora amenazan a través de sus voceros en los grandes medios con una “rebelión fiscal”. Resulta elemental cuestionar la legitimidad de origen de sus enormes fortunas, ganadas a costa del trabajo de la gran mayoría. En ese sentido, como dijeron varios legisladores en el parlamento durante el debate, este aporte comienza a hacer un poco de justicia y por eso cuenta con un apoyo mayoritario en la población. Una amplia mayoría que ronda el 70% de la población aseguró en las encuestas su respaldo a la medida.

Quién y cómo pagar la crisis es algo que se discute en todo el mundo. Hasta súper ricos como Bill Gates (Microsoft) o Warren Buffett (dueño de 80 grandes empresas) apoyan la idea de pagar más impuestos porque presienten que algo malo pasará si la economía global explota. Acá nomás, en Bolivia, el gobierno de Luis Arce anunció el envío de un proyecto de impuesto permanente a las grandes riquezas. Por supuesto, el lobby de los multimillonarios busca oponerse; lo hacen con sus batallones de políticos, comunicadores y votantes de derecha. La disputa está abierta.

Los que tuvieron ganancias extraordinarias y no padecieron esta crisis profunda tienen que hacer un aporte, y eso es verdad en muchos planos. Los ganadores en este contexto son algunas personas pero lógicamente también sus empresas en rubros como minería, agronegocios, alimentación, telecomunicaciones, plataformas de comidas y reparto, empresas de logística y financieras como Mercado Libre o la mayoría de los bancos y tarjetas de crédito. Esos capitales campeones de la ganancia también deben ser puestos en discusión para que se redistribuya la riqueza.

Facebook y Google deben pagar

En la actividad periodística, el Sindicato de la Ciudad de Buenos Aires (SiPreBA) junto a la Federación nacional (FatPren) lanzaron esta semana una propuesta para gravar a las grandes plataformas como Facebook y Google, que se valen del trabajo periodístico para generar sus contenidos, trabajo por el cual les periodistas no perciben nada. Propuestas como estas son fundamentales en la actividad, que durante el macrismo perdió 4.500 puestos de trabajo y el 45% del poder adquisitivo de su salario debido a paritarias firmadas a espaldas de les trabajadoras por un sindicato sin representación en las redacciones.

La propuesta no reemplaza la lucha en los lugares de trabajo. SiPreBA realizará un paro general el próximo jueves 26 en el marco de un plan de lucha nacional convocado por la FatPren por salarios y otras reivindicaciones. Sin embargo, con la pelea salarial solamente no se va a revertir la situación. Es necesario que los sindicatos impulsemos propuestas e iniciativas políticas para instalar una agenda propia. El trabajo presentado por SiPreBA da cuenta de que en la gran mayoría de los países del mundo hay una discusión y un modelo de regulación de las grandes plataformas.

La novedad en este caso es que la propuesta viene del sindicato del sector, pero lo mismo vale para todas las actividades. La emergencia nos obliga a pensar y llevar adelante políticas que respondan la pregunta central que dispara la crisis económica, social y humanitaria en la que estamos metidos: ¿quién paga la reconstrucción?

El Estado debe hacer cumplir y los sindicatos controlar

Luego de cuatro años de ajuste mediante inflación, devaluación y cientos de miles de despidos, la crisis siguió afectando los salarios de les trabajadores durante la pandemia. El último mes las cámaras empresarias más importantes se quejaron porque se anunció el fin del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que funcionó durante siete meses asistiendo el pago de salarios de las empresas privadas. Su reconversión en Repro (subsidio estatal) sigue siendo una rueda de auxilio imprescindible: la asistencia del Estado a los privados, cualquiera que sea, debe ir acompañada de una exigencia de contraprestación, con la supervisión de los sindicatos, para que cumplan con los salarios y condiciones laborales que regulan los convenios. Resulta inadmisible que empresas que no pagan aguinaldo, como Editorial Perfil de Jorge Fontevecchia, o que pagan salario en cuotas o precarizan, reciban ayuda del Estado sin tener que rendir cuentas.

En unidad y en las calles

El 17 de noviembre el pueblo estuvo en las calles, con sus sindicatos, sus organizaciones sociales y políticas. Del movimiento obrero confluimos las CTAs, el Frente Sindical, la Corriente Federal y muchos otros sindicatos importantes. Al macrismo se lo derrotó de esa manera: con unidad y en las calles. Para que la estafa del FMI y Macri la paguen los ricos y no el pueblo es necesaria esa fórmula: recuperar la calle en unidad, con una agenda propia y políticas concretas.

(*) Los autores son secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) y secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) respectivamente.