Diputades CTA impulsan proyecto para que acceso Internet sea un derecho humano

Se trata de una iniciativa del diputado nacional por Córdoba y secretario general de la CTA de los Trabajadores por la misma provincia, Pablo Carro, y de la diputada nacional Blanca Osuna. El proyecto lleva también la firma de nuestro secretario general y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky, y de otrxs 26 legisladorxs del Frente de Todxs. Propone crear el Plan Nacional de Conectividad con prioridad educativa.

Dicho plan tiene como objetivos “garantizar la maximización de la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación”, tal como señala el proyecto de la presidenta de la Comisión de Educación, Osuna, y del presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Carro.

Entre sus prioridades estarán: a) los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones; b) las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social (comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios); y c) los estudiantes y docentes ubicados en áreas rurales, urbanas o periurbanas con dificultades para la garantía de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad.

“El proyecto tiene dos aspectos: el regulatorio y el del plan de conectividad con prioridad educativa”, señaló el diputado Carro y describió: “Uno de los primeros DNU de Macri fue el que volteó los aspectos antimonopólicos de la Ley de Educación Superior, también modificó un artículo de la Ley Argentina Digital y le quitó capacidad regulatoria al Estado, al Enacom. Significa que, si hoy las telefónicas te aumentan, el Estado no tiene capacidad de decir no. Este proyecto devuelve esta facultad al Estado para que pueda regular una ‘canasta básica’. Poder exigir la garantización de un piso de conectividad, un costo accesible para los sectores populares”.

“El otro, es el que tiene que ver con un plan de conectividad priorizando las escuelas, para posibilitar que todas las escuelas, las bibliotecas populares, los medios comunitarios tengan wifi libre, por ejemplo, y para que se desplieguen programas de conectividad en los lugares más necesitados, especialmente en los barrios carenciados que fueron objeto del relevamiento del Renabap (Relevamiento Nacional de Barrios Populares), aprobado en el Congreso hace un par de años, impulsado por las organizaciones sociales”, detalló y agregó: “En ese momento se había realizado un relevamiento nacional, que hicieron en particular los movimientos sociales. Acordaron con Macri hacer este relevamiento de barrios marginales, a los que les falte agua, calles, cloacas, luz. Cómo resolver el problema de las villas, llamadas en la ley ‘barrios populares’. Nosotros estamos diciendo en este momento de Pandemia, que también el tema internet debe ser un objetivo. Que llegue conectividad a quienes lo están necesitando”.

El Plan Nacional de Conectividad propendrá al despliegue de puntos de wifi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país.

El proyecto de Ley propone además que los proveedores de servicios de Internet dispongan de un plan inclusivo con tarifa diferenciada, a efectos de facilitar y ampliar el acceso a Internet. En tanto, la autoridad de aplicación establecerá “la gratuidad del acceso y navegación por dispositivos móviles en sitios web oficiales de salud y educación para toda la población; y la gratuidad del acceso y navegación por dispositivos móviles en sitios web con contenidos educativos y fines pedagógicos para los y las estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación”.

“El aspecto básico del proyecto es que hoy está claro que la Pandemia ha hecho visible que todas las casas deben tener banda ancha. Banda ancha significa tener más de 6 megas por segundo. Casi la mitad de las conexiones en Argentina están por debajo de esto. En Buenos Aires seguramente podés contratar 25, 50 megas; en muchos lugares no. Seis megas es lo básico para que en tiempo real llegue el intercambio en una videoconferencia, por ejemplo. Esto tiene que estar garantizado para el conjunto de la sociedad. Es imposible ejercer algunos derechos ciudadanos sin conectividad”, destacó el diputado nacional y dirigente de la CTA Córdoba.

- ¿Cómo considerás que reaccionarán las empresas proveedoras de internet frente a esta iniciativa?

- Es un sector acostumbrado a la falta de regulación. El teléfono fijo está regulado porque se considera un servicio público. Cuando apareció la telefonía celular en los 90 no fue regulado y es imprescindible hacerlo para todo ese sector. Seguramente luego habrá que ver de dónde sale el dinero para garantizarlo. Una parte es plan de desarrollo y creo debería trabajarse en conjunto. Iniciativa privada, iniciativas públicas. Otra cosa es el costo de esos servicios. En este caso nosotros estamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con telefonía y cable operadores. Simplemente estamos hablando de conectividad para Internet.

- Luego de haberse presentado el viernes 12 de junio, ¿Cómo continúa el tratamiento del proyecto?

- El proyecto fue recibido formalmente el martes 16 de junio. Todavía no tiene asignado el giro a comisiones, suponemos que debería tener giro a las comisiones de los firmantes que son Educación y Comunicación, pero deben definir cuál es la comisión cabecera, la que lleva adelante el tratamiento. Una vez que ocurra eso, habrá que llamar, hay varios proyectos similares presentados, se discutirá un poco y luego ver si hay consenso para aprobarlo.

- Son 29 lxs diputadxs del Frente de Todos que acompañan el proyecto, ¿Cuál creés que será la recepción en el resto de las fuerzas políticas del Congreso?

- Cuando se discutió, por ejemplo, autorización excepcional para trabajar a distancia en modalidad educación en las escuelas primarias y secundarias, nuestra ley establece que está prohibido para menores de 18 años, entonces validamos la excepcionalidad para este tiempo. Todos hablaron y la oposición principalmente afirmaba que había que garantizar conectividad. Me parece que es un tema transversal a todas las fuerzas políticas. Es un tema que hoy tiene un gran consenso social, que es necesario regular y garantizar este servicio.

La iniciativa está acompañada por las firmas de les diputades Alicia Aparicio, Claudia Bernazza, Rosana Andrea Bertone, Mara Brawer, Mabel Caparrós, Marcelo Pablo Casaretto, Gabriela Cerruti, Melina Delú, Eduardo Fernández, Ana Carolina Gaillard, Susana Graciela Landriscini, Mónica Macha, Gisela Marziotta, María Lucila Masin, Germán Martínez, María Rosa Martínez, Gladys Del Valle Medina, María Carolina Moisés, Patricia Mounier, Rosa Rosario Muñoz, Hernán Pérez Araujo, Jorge Antonio Romero, Victoria Rosso, Nancy Sand, Fernanda Vallejos y Carlos Vivero.

La regulación del teletrabajo obtuvo media sanción en Diputadxs

“En primer lugar dejar en claro que la ley que aprobamos rige únicamente para actividades encuadradas en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. No entra el sector estatal, el educativo, el judicial; solamente la actividad privada regida por la LCT. Teniendo en cuenta eso, lo que estamos tratando de garantizar son los mismos derechos que tiene un trabajador que realiza actividades en la empresa y a quien lo realiza en su casa. Debe tener los mismos derechos y no puede ganar menos. Con ese criterio hay una serie de principios: derecho a la desconexión; provisión de los elementos necesarios; garantías de seguridad e higiene; que se puedan realizar inspecciones que no signifiquen invasión a la privacidad del trabajador; derecho a la reversibilidad, si alguien quiere acceder al teletrabajo, pero luego por distintas circunstancias no es posible, podés pedir que te vuelvan al puesto en la empresa. Tareas de cuidado: Si tenés a cargo discapacitados, niños menores, o adultos mayores, deben flexibilizar horarios de trabajo. Se siguen manteniendo todos los derechos sindicales de los trabajadores, participar de asambleas, elección de delegados. Con lo cual es una ley que fija un piso de derechos que debe complementarse en paritarias con cada convenio colectivo para establecer las especificidades. Aquí se establecen reglas generales".

- Ahora tiene que debatirse en el Senado

-Sí, no hay fecha aún, pero el trámite más difícil era en Diputados, no creo que haya problemas en Senado. Hay que tener en cuenta que salió un dictamen y se aprobó una ley por consenso. Hay que destacar la importancia de la participación de los diputados y diputadas del Frente de Todos de extracción sindical. Vanesa Siley (quien preside la Comisión de Legislación del Trabajo), Hugo Yasky, Walter Correa, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, han sido la clave para que este proyecto avance. Que nuestro bloque tenga una participación amplia del movimiento obrero le dio la consistencia necesaria para que avance, consiguiendo el apoyo de Juntos por el Cambio.

- De avanzar en su sanción, ¿cuál sería la fecha aproximada de aplicación?

- Cuando finalice el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), que en algunas provincias ya terminó, por lo tanto, creo que no se deberían esperar los 90 días.

(Adjuntamos ‘Proyecto de Ley de Acceso a Internet como derecho humano y servicio universal. Plan Nacional de Conectividad con prioridad educativa’).