De cómo el sindicato del subte sentó a Etchecolatz ante la Justicia por la desaparición, torturas y muerte de José Mendoza

El martes 28 de enero de 1975, cuando empezó a trabajar como peón de limpieza en Subterráneos de Buenos Aires, José Martín Mendoza tenía 24 años. Veinte más que Miguel “Pipi” González quien en ese momento jugaba a la pelota bajo el cielo despejado entre la tranquera y el tejido; el mismo que, más de tres décadas después, sería el principal responsable de que nuestro sindicato fuera querellante en una causa de lesa humanidad, en “el marco de la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino Puente 12 o Protobanco”, por la desaparición de José.

Un tiempo antes de iniciar la querella –hecho casi inédito para un sindicato– habíamos recuperado los legajos de cuatro de los cinco trabajadores del subte detenidos desaparecidos de los que teníamos conocimiento en ese momento. Por orden de antigüedad: el legajo 5562 correspondía a Juan Carlos Correa, quien era maniobrista de la línea D y militante del Partido Socialista de los Trabajadores; a Daniel Bonifacio “el Negro” Chanampa –legajo 6075– se lo llevaron de su barrio, Ciudad Oculta, era boletero de la línea A y militaba en Montoneros y el Movimiento Villero Peronista; también boletero de la línea A –legajo 6158– y militante montonero era Luis Enrique Cabrera; por último, aunque fue el primero en desaparecer, José, legajo 7031, militante primero de la Juventud Guevarista, luego del MR17.

La recuperación de legajos fue en diciembre. Y presentamos la querella en septiembre. Fue también en septiembre, pero de 1976, un Grupo de Tareas de la policía que respondía al comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y al teniente coronel Federico Antonio Minicucci secuestró a José en su casa, en José Léon Suárez 5470, Villa Riachuelo, Lugano. Se lo llevaron un viernes.

El domingo siguiente, su amado River Plate, le metió 7 goles a San Telmo.
Pipi, que tenía apenas seis años, los gritó con su papá, junto a la radio. Todavía faltaban dos años hasta su doble debut porteño: primera vez en el Monumental y primera vez en un subte. Y muchos más para llegar, en mayo de 1997, a su primer día como boletero, en la línea A. Y otros doce hasta el jueves en que, en una ronda de Madres, Cristina Comandé, quien había sido secuestrada en el mismo operativo que José, le habló de él por primera vez.

Esa primera vez Pipi no supo qué hacer: no teníamos todavía información, ni contactos, recién empezábamos a organizar la secretaria de DDHH del sindicato.
Pero, tozudo, como fue en vida, el nombre nos siguió: José volvía al subte. La herencia de las anterior generación de luchadores acosaba la mente del Pipi y, con la de él, las nuestras, como un sueño.

Acá las fechas se confunden pero no los hechos: una tarde, después de terminar de trabajar en la boletería de Perú sur, Pipi se acercó a un acto en el local de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora. Ahí, en boca de Carlos “Maco” Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense, escuchó de nuevo el nombre de José. Entusiasmado, al día siguiente fue a consultarle a Nenina Boulliet, del Instituto Espacio para la Memoria, con quién habían encontrado las familias de Chanampa y Cabrera. Entonces aparecieron los primeros dos datos concretos: que la denuncia de su desaparición la había hecho la tía, Elena Castillo, y la dirección de la que se lo habían llevado. Habían pasado menos de veinticuatro horas cuando el Pipi, junto al Turco Leiva, fue a Villa Riachuelo a buscar la casa que había sido de la familia Mendoza.

Localizaron la casa y tocaron timbre. Espera. Nada. Volver a tocar. Nada. Pero ya estaban ahí, no se iban a ir sin nada. Empezaron a hablar con los vecinos. Algunos eran nuevos en el barrio, otros recordaban poco. Pero también había quienes tenían una pista, un dato. Y un dato llevó a otros hasta construir una cadena de personas y testimonios, un rompecabezas de informaciones fragmentarias que armaron un mapa con el que seguir: que José trabajaba en un taller de repuestos, que tenía una hermana y una tía, que ellas ya no vivían ahí. Que se habían mudado a González Catán, que tenían un kiosko en la zona de Congreso.

Con estos datos Pipi volvió a hablar con Maco. Ellos, dijo éste, tenían los mismos datos, pero no habían podido ubicar a nadie. Quedaron en que, si había algún avance, le informaría al otro. Además de un mapa comenzaba a armarse una red.

¿Qué hacer? La única forma, pensamos, era tirar botellas con mensajes al mar. La botella fue el diario Página/12 y el mensaje un recordatorio a la memoria de José. Firmado no como sindicato, sino con un anónimo “compañeros trabajadores del subterráneo”: una forma de no pagar la solicitada. Ese recordatorio reactivó la red y fue el puntapié inicial para completar el mapa que nos llevaría hasta tener a Etchetcolatz en el banquillo de los acusados. Syra Vallalain de Franconetti, madre de tres desaparecidos e histórica integrante de la comisión Vesubio y Puente 12, quien desde hace años junta todos los recortes que aparecen sobre el tema le avisó a Cristina Comandé:
–Fijate si a través del diario podemos contactar a quienes pusieron el recordatorio.
Ellas tampoco habían podido localizar a ningún familiar.

Así es que Cristina y Pipi volvieron a encontrarse. En ese encuentro ella le mostró el testimonio que decía que José había sido trabajador del subte. Y nos dio el dato clave: había estado detenido en Puente 12.

El abogado del sindicato, y trabajador del subte, nuestro recordado y querido compañero Cesar Palacio, era abogado laboralista, no penal, y tenía dudas sobre las posibilidades que había de que aceptaran como querellante a un sindicato que no existía al momento del delito que investigaba la causa.

Pero nos faltaba una pieza central en este rompecabezas. Y como no hay ninguna buena historia que no tenga su banda de sonido este encuentro sucedió en un recital. Tocaban Las Taradas en Niceto y Pipi se encontró con Adriana Duprez, abogada y compañera, quien después de escuchar, entre las canciones y esa locura linda de la música, la historia de José se sumó:
–Yo hago la presentación. Yo los ayudo.

Así Adriana –junto a otro abogado, Federico Paruolo– se puso a armar la estrategia que nos permitiría llegar al jueves 17 de septiembre de 2015.

Ese mismo jueves pusimos la placa recordatoria en la estación Virreyes de la Línea E y, mientras Buenos Aires temblaba por un terremoto con epicentro en Chile, el sindicato se presentó como querellante en la causa, cumpliendo una de las tareas que el nuestro estatuto le adjudica a la Secretaría de DDHH: “impulsar el enjuiciamiento y castigo de las violaciones de derechos humanos, contribuyendo a la memoria colectiva de los trabajadores del Subte”.

Y el red creció también hacia adentro: pronto conocimos a la familia de José, que por medio del sindicato supo que los restos habían sido identificados, pudieron recuperarlos y darles sepultura. También fueron a ver la baldosa que los compañeros de la E habían hecho en el cuarto de Tráfico.

El último 26 de octubre en que José estuvo en libertad fue el de 1975. Esa tarde River perdió en su propia cancha contra Boca por 2 a 1. Quizá José, enfuruñado, puso fuerte un disco de los Olimareños, su banda preferida.

Cuarenta y tres años después Pipi se levantó temprano. Tomó mate y tocó con la armónica “Vencedores vencidos” de los Redondos. Estaba ansioso, nervioso y contento. Esa tarde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 dictaban sentencia. Los dos mayores responsables de la desaparición de José –y otros 124 compañeros–, el ex jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, fueron condenados a cadena perpetua.