CGT y piqueteros en marcha amigable

La CGT dará un paso más en su acuerdo con organizaciones sociales -histórico para el sindicalismo peronista- al resolver hoy su participación en una marcha conjunta al Congreso el l8 de noviembre. Será, en lo formal, para sustentar el reclamo de esas entidades por la aprobación de una ley de Emergencia Social, aunque de fondo será un guiño favorable al Gobierno: con esa manifestación los dirigentes esperan descomprimir y encauzar las expresiones de protesta y garantizarle a Mauricio Macri un fin de año sin una conflictividad espesa por resolver.
El armado común de una movilización fue el eje de la tercera reunión que mantuvo la cúpula de la CGT con los referentes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en menos de dos meses. Y puede leerse como una réplica a la protesta que impulsan las dos CTA con sectores de izquierda para el 4 de noviembre, de un sesgo claramente opositor.
En agosto, al mismo tiempo que concretaba su demorada reunificación, la CGT daba los primeros indicios de acercamiento a organizaciones sociales por primera vez de manera institucional en su historia, plagada de enfrentamientos con “la zurda loca” en la que suelen identificar a esos dirigentes. En ese momento el vínculo tenía como propósito dotar a la central obrera de un mayor poder de movilización y darle un aviso al Gobierno de que así concentraba la mayor potencialidad como motor del conflicto social. Y, de paso, los dirigentes le hacían un guiño a los sectores de la Iglesia católica que habitualmente coordinan con esas organizaciones.
Ese acercamiento, de hecho, fue uno de los factores que allanó el diálogo entre la CGT y el Gobierno que desembocó en un acuerdo, cuya primera expresión fue el anuncio de un bono de mil pesos para jubilados perceptores del haber mínimo y parte de las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. La segunda etapa de ese entendimiento dio como fruto el aval de empresarios a la apertura de una negociación por un bono compensador en el sector privado con una base de 2 mil pesos.
En la cúpula de la CGT dan por resuelta así la gestión de la organización para lo que queda del año. Alegan, en esa línea, que sólo resta el accionar de cada sindicato para obtener un bono en las mejores condiciones posibles. En ese contexto, el encuentro ayer de los dirigentes sociales con los gremialistas adquiere más un sentido favorable que peligroso para el Gobierno.
Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de líderes, explicó que la CGT terminará de resolver hoy su eventual participación en la marcha del l8 de noviembre durante su reunión de Consejo Directivo. En esa manifestación las organizaciones pedirán la sanción de una ley de emergencia orientada a institucionalizar el diálogo de sus estructuras con el Gobierno, así como la posibilidad de gestionar el pago de un salario social complementario para sectores informales.