Texto completo de las declaraciones de Hugo Yasky.

Los índices del informe de CIFRA tienen absoluta coherencia y correlación con todos los informes estadísticos que fuimos haciendo a lo largo de estos últimos años.

Demuestran que lo que se publica en muchos diarios de la Capital Federal, sobre todo los de los sectores hegemónicos, está lejos de reflejar la realidad. Creemos que son informaciones carentes de sustento. La metodología por la que se construyen esos índices evidentemente está lejos de cualquier viso de objetividad. Estos índices reflejan que, en los últimos diez años, desde 2003 y hasta 2013 inclusive, ha habido efectivamente un descenso en los niveles de pobreza e indigencia importantes.

También existen problemas. Tenemos siete millones y medio de personas en el país todavía viviendo en condiciones de pobreza. Es una cantidad de argentinos y argentinas muy importante. La mayoría de ellos son trabajadores no registrados. Y tenemos también un índice de indigencia en el que hay de 1.800.000 personas.

En base a estos cálculos, nosotros hemos establecido la canasta de indigencia, es decir, lo que se llama canasta básica alimentaria, en el valor de $1.783 y la canasta de pobreza, es decir la canasta básica total en un valor de $4.267. En función de ese valor de $4.267, que es el que se calcula como el valor mínimo para una familia tipo, creemos que es imprescindible que el gobierno avance con tres medidas que la CTA reclama de manera urgente.

La primera es actualizar la Asignación Universal por Hijo.

La segunda es establecer una modificación del piso para calcular el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias. Esto es absolutamente necesario. En este punto reclamamos, además, el cambio de las escalas. Este impuesto a las ganancias tiene en su esencia un carácter de progresividad que lo hace un impuesto positivo en la medida que se logren resolver las inequidades que genera la aplicación de las escalas que han quedado desactualizadas. Hay saltos bruscos de una categoría a otra. Hay trabajadores que están sujetos con este dibujo de las escalas a una presión que excede lo que se podría aceptar como razonable y justo. De tal forma, además del anuncio imprescindible de la elevación del piso para calcular el pago de este impuesto hace falta una modificación del mismo.

De manera que la CTA no solamente reclama esto sino que, en los próximos días, va a presentar una propuesta sobre la que se está trabajando para entregarla al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía.

Entendemos que en base a estas necesidades de adecuar los ingresos de la Asignación Universal por Hijo y el Mínimo No Imponible, corresponde, en una tercera secuencia, la convocatoria al Consejo del Salario.

Es necesario reactualizar el valor del Salario mínimo vital y móvil. Creemos que estas tres medidas se tienen que tomar en lo inmediato, de manera tal de proteger a un sector importante de los trabajadores que no tiene la posibilidad de convenio paritario. Se trata de trabajadores que no tienen la posibilidad de definir salario, como lo han tenido hasta el momento los de la mayoría de los gremios, habida cuenta de que estamos casi sobre el filo de las paritarias de los sindicatos más importantes.

El reclamo de incremento del salario mínimo vital y móvil tendría que estar superando el 30%. Y para nosotros $4.700 sería una cifra a alcanzar. Entendemos que los $4.700 del salario mínimo vital y móvil que corresponde a algo más del 30% de incremento, es lo que hoy hace falta para mantener el valor del salario mínimo vital y móvil en correspondencia a lo que fue en años anteriores.

Creemos también necesario llevar a $600 la Asignación Universal por Hijo, que actualmente se encuentra en $460 y que ha cumplido y sigue cumpliendo un papel de soporte de ingresos importantísimo para las jefas y jefes de hogar que todavía se encuentran en situación de desocupación. Esto equivale a pedir un 35% de recomposición en la Asignación Universal por Hijo.

Respecto a la readecuación del impuesto a las ganancias, pensamos que debería darse en dos etapas. De inmediato habría que elevar el piso y luego marchar hacia la modificación de las escalas. La elevación del piso tendría que estar en un porcentaje superior al 30% de manera tal que logremos la misma fotografía que hubo el año pasado cuando el gobierno anunció una modificación un poquito por arriba de lo que fue la mayoría de las paritarias. La cifra ideal a conseguir sería que a partir de 22 mil pesos se tribute el impuesto a las ganancias en una progresión que haga que el aporte sea mayor para los salarios superiores y mucho menor para los que estén en la base de la escala.

Planteados estos anuncios queremos informar que nuestra Central entiende que la Argentina está viviendo, junto con los países de la región, un momento difícil, pero que de ninguna manera estamos en un escenario de catástrofe como el que nos pretenden presentar quienes, por ejemplo, desde lo que son los documentos de la Conferencia Episcopal, plantean el escenario de una Argentina enferma de violencia, surcada por inequidades y al borde de lo que sería esa fraseología que tanto se utilizó durante la época de los gobiernos y dictaduras militares.

Nosotros creemos que la Argentina está en que un proceso de recomposición del tejido social que fue dañado durante la década del 90 y que nos llevó al punto en el que estábamos en el año 2001-2002 en los cuales entre trabajadores no registrados y desocupados teníamos casi el 70-75% de la fuerza laboral.

Una situación que llevó a la Argentina, siendo un país rico, a convertirse en un país que tenía que recibir donaciones de naciones del Norte. Pasó a ser una nación destinataria de la ayuda de parte de las naciones poderosas para sostener el tejido social. Estamos lejos de esa situación, sabemos que no estamos en un lecho de rosas.

Existe un problema concreto, como es el aumento de los precios y por eso nuestra Central está dispuesta a dar la batalla para que los formadores de precios entiendan que los márgenes de rentabilidad a que pueden acceder aquí, sean similares a los obtenidos en sus países de origen, refiriéndonos a las empresas extranjeras, que aquí fijan precios absolutamente disparados.

Vamos a trabajar junto con otros sectores en el ámbito del encuentro que vamos a hacer el 22 de mayo, el Cabildo Abierto, con las asociaciones de pequeños empresarios, productores agrícolas, pequeños productores de la industria y del campo, más otras organizaciones sociales y gremios de la CGT, para definir acción y política en el país, que permita establecer no solamente instrumentos eficaces de control de precios, sino también medidas que tiendan a una mayor presencia del Estado como regulador en la vida de la economía.

Sabemos que la política que intenta elevar artificialmente para producir rentabilidad fuera de toda norma razonable de parte de los grupos económicos, va de la mano también con la estrategia de los que especulan financieramente para que la Argentina vuelva en dos o tres meses a un escenario devaluatorio.

El incremento de los precios, injustificado, genera el escenario para que en dos o tres meses empiece a haber, como ya se escuchan, algunos pedidos de megadevaluación y de devaluación abrupta para generar el escenario que le permita a los que obtienen su ganancias en dólares, multiplicar, de la noche a la mañana, esas ganancias a costa del retroceso de los salarios y del padecimiento de las mayorías populares.

En esta pulseada estamos jugando gran parte de la defensa de las conquistas que obtuvimos. De nada vale haber logrado hasta ahora buenos acuerdos paritarios si en términos de 15, 20 o 30 días se diluyen en base a los aumentos desmedidos de precios.

De modo tal que la CTA no quiere hablar de la inflación como si fuese un fenómeno de la naturaleza. La inflación no es un fenómeno que se produce por causas naturales. Forma parte de una puja entre los sectores concentrados de capital y los asalariados. Forma parte de una puja en la que evidentemente el Gobierno es un instrumento que tiene que jugar a favor de los sectores populares.
Y el hecho de que hoy haya un gobierno que estos grupos económicos no puedan manejar como un títere, tal cual lo hicieron con otros gobiernos anteriormente en la Argentina, es lo que evidentemente genera la decisión de distintos grupos, llámense multimedios, la convergencia empresaria que se reúne en la Rural, o los movimientos sindicales que se han convertido de la noche a la mañana, en portavoces de los grandes grupos económicos y tantos otros que apuestan a desgastar y a deshilachar a un gobierno popular y democrático que ha puesto en marcha políticas que permitieron la recuperación de los sectores populares.

Sabemos que faltan muchas cosas y las señalamos. Decimos lo que hay que modificar para que los sectores populares puedan tener la posibilidad por lo menos de acceder a lo mínimo. Pero también somos conscientes de que como Central de Trabajadores no podemos empujar a este gobierno porque eso sería hacerle el juego sucio a los sectores del poder económico que quieren desgaste, que quieren poner de rodillas a este gobierno, para que sea el ejecutor del ajuste que ellos vienen reclamando. Sencillamente dos más dos es cuatro. En la Argentina si hay ajuste se aplica la política de los grupos económicos que quieren recuperar lo que ellos consideran que perdieron en estos últimos años.

Y en este caso nosotros sabemos claramente de qué lado tenemos que estar parados.

Por último, queremos anunciar un hecho importante que tiene relación con el conflicto que se generó a partir de las elecciones en la CTA. El sector que se escindió de esta Central encabezado por Pablo Micheli acaba de presentar en la Corte Suprema el desistimiento de la causa que había presentado a partir del 2012, apelando la decisión, el fallo, de la Cámara IV, que había dictaminado que el proceso electoral, por el que Pablo Micheli se había ungido como secretario general, era nulo. De manera tal que al haber desistido de la causa en un escrito que presentó ante la Corte Suprema, el propio Pablo Micheli está reconociendo primero, que ese fallo de la Cámara IV sigue en pie, segundo, que a partir de ese fallo no tiene absolutamente ninguna validez legal, ninguna entidad, ninguna legitimidad, la apropiación del cargo que hace el sector escindido, de secretario general, por parte de Pablo Micheli.

Esto pone las cosas absolutamente claras. Es también un acto de justicia el haber desistido de esa causa. Es el reconocimiento de que simplemente se trató de entorpecer un proceso electoral que hubiese podido demostrar claramente en una elección limpia, quiénes eran las autoridades de la CTA. Desistió, reconoció que eran inválidos los procesos y en este momento está convocando a un nuevo proceso electoral, desde la “autoproclamada” CTA.

La Central de Trabajadores de la Argentina ha presentado, con todos los elementos necesarios, un escrito a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Reclamamos que se declare inválida esa convocatoria que no tiene legitimidad, que no tiene legalidad y esperamos que en los próximos días se expidan las autoridades.

Una vez que esto suceda, la CTA, en el marco de la legalidad, la legitimidad y el respeto hacia la democracia sindical, va a convocar a elecciones, para que este mismo año podamos elegir en todo el país, a través de todos los gremios y organizaciones sociales que conforman esta Central, las autoridades legítimas y surgidas por el voto popular directo en elecciones limpias, sin fraude y absolutamente transparentes.-