El fin del rubro 59

En el anuncio participaron varios miembros del Gabinete y personalidades como Eva Giberti, psicoanalista y titular del programa de "Víctimas contra la Violencia” y la madre de Marita Verón, (quien fuera secuestrada en Tucumán en el año 2002 y de quien se sospecha que fue llevada a Chile primero y vendida a España después) Susana Trimarco. Reproducido por Cadena Nacional, el acto se realizó en el Salón de las Mujeres, de la Casa de Gobierno.

Lo que el decreto 936 dice es que “se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”. Al mismo tiempo, establece la creación de una oficina especial dentro de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex COMFER) para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

De esta manera, la medida apunta a combatir la trata de personas, al prohibir la oferta sexual en publicaciones gráficas. Un engranaje no menor en lo que refiere a las redes de prostitución y trata. Y además pone coto a lo que hasta ahora fue la publicidad de las mujeres vistas como un objeto de consumo, frenando así una acto denigrante y discriminatorio. “La oferta sexual del rubro 59 es un delito y una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal”, indicó la Primer Mandataria. Al mismo tiempo señaló que “Esta ley es un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía", en relación a aquello en donde más hincapié hizo el anuncio del decreto: los mismos medios que se manifiestan pidiendo políticas contra la explotación son los mismos medios que ganan grandes sumas de dinero en difundir esas redes de trata.

Rubro 59

De hecho, según informó a esta agencia un empleado de una receptoría oficial porteña, en los clasificados de Clarín un módulo (una columna de tres centímetros de ancho por una de alto) puede costar entre 136 y 164 pesos, dependiendo del día en que sea publicada. Si consideramos que en un único rubro puede haber alrededor de 180 módulos en avisos de uno, dos y tres centímetros de alto, estaríamos hablando de unos 24.480 pesos en una publicación del día de menor costo y unos 29.520 pesos en la de mayor costo, por esbozar algunos ejemplos.

El decreto basará su normativa en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que está en vigencia desde 2008, y que en su artículo 4 determina que existe explotación cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Al mismo tiempo, la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada en 2009 y reglamentada en 2010, establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”.

Se estima que al día de hoy, unas 700 mujeres están desaparecidas y pueden estar siendo víctimas de redes de trata de personas, al mismo tiempo que se calcula que unas 8000 se encuentran en condiciones de esclavitud sexual, muchas de ellas, son niñas y jóvenes. Si bien, esta primera medida no se trata de un golpe certero que desarticule las redes en su totalidad, es una iniciativa que apunta a comenzar a desarmar el entramado en el que miles de mujeres son obligadas a ejercer la prostitución. En este sentido, la Presidente se encargó de diferenciar aquellas mujeres que son víctimas de una maquinaria corrupta de aquellas que ejercen el trabajo sexual por propia opción, poniendo en evidencia que una trabajadora sexual no estaría en condiciones de asumir los costos de este tipo de publicidad.