No es casual que la mayor crítica provenga de la AEA (Asociación Empresaria Argentina) a través de la voz de su titular, Jaime Campos, que afirma que “El proyecto es particularmente inoportuno”. Justamente ellos fueron los más beneficiados por el programa económico de la Junta Militar expuesto el 2 de abril de 1976 por Martínez de Hoz, programa que subyacía desde antes y fue el objetivo y motor del golpe militar.

El paladín y elegido por las corporaciones, Martínez de Hoz, ya era integrante en el 75 del directorio de Acindar. La represión en Villa Constitución funcionó como un ensayo de lo que vendría después en el descabezamiento de conducciones sindicales, Comisiones Internas y activistas del movimiento obrero.

El proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, ha sido aprobado en diputados por amplia mayoría con la abstención del PRO y aliados y ahora pasa a senadores. Los que se oponen con la AEA y la UIA a la cabeza no han podido arrastrar al resto de las organizaciones empresariales pequeñas y medianas lo cual deja al descubierto otro lado oscuro y tenebroso del plan económico de la Junta Militar que fue la destrucción lisa y llana de los empresarios que no se sumaban a su proyecto.

¿Cuáles son las razones que esgrimen para oponerse? Uno de sus argumentos es que los casos de complicidad empresaria deben denunciarse ante la justicia. Es una falacia porque la ley en curso propone la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura que iría por un carril distinto a la intervención del Poder Judicial ya que la Comisión no tiene por objetivo juzgar a los implicados sino describir las consecuencias de la política de la dictadura en su faz “económica, técnica y logística”. Además, se inscribe en una extensa tradición de Comisiones de Investigación parlamentarias que son complementarias al accionar del Poder Judicial. El Congreso de la Nación tiene la facultad de investigar de acuerdo a las funciones que le asigna la Constitución Nacional. Existen antecedentes tanto nacionales como internacionales en este sentido.

¿Por qué se oponen realmente? Las grandes empresas que rechazan el proyecto son las que han cometido latrocinios fraudulentos y afrontan denuncias de persecuciones, cesantías y desapariciones de trabajadores y representaciones sindicales. En realidad, esta ley tendría que haber salido antes como en muchos países del mundo donde se juzgan los negociados de los gobiernos de facto porque funcionan con una discrecionalidad total, sin ningún control y con impunidad manifiesta.

Como decía Rodolfo Walsh, “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Desde aquel funcionario de Martínez de Hoz que aseguraba que era lo mismo producir caramelos que acero hasta la estatización de la deuda externa privada por parte de Domingo Cavallo en 1982, las decisiones económicas de la dictadura cívico-militar respondieron a los intereses de los sectores que hoy se oponen a este proyecto de ley.

Por eso es importante que las organizaciones de los trabajadores, las centrales sindicales, los movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de pequeños y medianos empresarios continúen con las campañas de divulgación y lucha por la promulgación de esta Ley.-

Carlos Monestes - Mariano Denegris - Eduardo López
Secretario de DDHH - Secretario de Prensa - Secretario General