El 21 de marzo de 2014 Belén (usamos un nombre de fantasía) llega al hospital Avellaneda de Tucumán con un aborto espontáneo y a partir de la intervención del personal de salud y policial que participó, terminó siendo acusada de un “homicicio agravado por el vínculo”, está presa hace 2 años y fue condenada a 8, sin que exista prueba que acredite esta acusación y violando el secreto profesional, que es obligatorio en la relación médico paciente.

Muchas organizaciones de Derechos Humanos, de mujeres, políticas y sociales han denunciado las enormes irregularidades que han hecho posible que esta joven esté hoy detenida y condenada. Ha sido fundamental para el cambio de enfoque frente al tratamiento de la causa que haya tomado la defensa de Belén una organización defensora de los derechos humanos de las mujeres, como Católicas por el Derecho a Decidir, con el patrocinio jurídico de la Dra. Soledad Deza.

Hemos presentado un escrito en carácter de “Amicus Curiae” a la Corte de Tucumán para apoyar la tarea que viene desarrollando en esta última etapa la defensa, así como denunciar que Belén ha sido víctima de discriminación en el acceso a la salud reproductiva, se violó su derecho a la privacidad, a la intimidad y a acceder a una atención adecuada frente a un episodio obstétrico de aborto espontáneo. Este comportamiento de los profesionales de la salud y seguridad intervinientes no configura un hecho aislado, forma parte de un patrón de comportamiento para con las mujeres cuando recurren al auxilio del sistema de salud en casos de aborto, ya sean provocados o espontáneos. Conductas que se asientan en prácticas discriminatorias hacia las mujeres, de violencia y criminalización frente al acceso a los prestadores de salud.

Por esta razón pedimos la nulidad de todo el proceso judicial llevado adelante hasta la fecha, la inmediata libertad para Belén, la implementación del protocolo para el acceso al aborto legal en la provincia de Tucumán y que se avance en el debate pendiente por la legalización del aborto, como una medida central para terminar con la carga de criminalización de las mujeres frente a sus decisiones en sexualidad y reproducción.

(*) Secretaria de Igualdad de Género CTA Nacional