La Argentina absurda

En sus redes, el jefe de Gobierno de la Ciudad escribe: “Vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley y terminar con las extorsiones de los sindicatos que quieren frenar el trabajo. Se termina la Argentina absurda”. Por si no quedara claro, el amigo del carcelero de Milagro Sala muestra, en el video, escenas de un corte de ruta, marchas, concentración en puerta de fábrica y efectivos de la Gendarmería Nacional en acción. No elige una foto de su policía brava, la que con esmero ha sabido dirigir Marcelo D’Alessandro, el visitante furtivo de Joe Lewis en su palacete de Lago Escondido. No, elige una fuerza federal, la Gendarmería, para implicar que cuando él sea presidente no trepidará en reprimir al “sindicato que puede bloquear y frenar la producción en una fábrica impidiendo el derecho a trabajar”.

La “Argentina absurda” de Juntos por la Represión es la de los derechos ciudadanos, aquellos contra los que se estrellan tanto los intereses de los grandes grupos económicos locales, o sea, la oligarquía diversificada, como los del capital financiero global. Por eso el país les resulta absurdo, porque si la democracia no se agota en el mero acto electoral y la ciudadanía persiste en defender sus derechos, acaba organizándose para ello. Y lo que es peor: la ciudadanía organizada puede clamar por nuevos derechos.

Este es un punto decisivo. La derecha neoliberal no tolera el escrutinio democrático de sus intereses. Le resulta inadmisible que el litigio por la igualdad se materialice en acciones concretas. Puede aceptar una presencia retórica de la igualdad, tantos en sus propias formulaciones como en las de sus contrarios, pero se brota de odio cuando el clamor por la igualdad se generaliza en la sociedad de los desiguales.

De allí, entonces, que no le baste con acrecentar sus ganancias con fugas de divisas, corridas cambiarias y remarcación constante de precios; necesita que su camino hacia la permanente y perpetua maximización del lucro no sea interrumpido por la organización y la lucha de quienes son sus víctimas propiciatorias: la digna gente que malvive de sus trabajos y no del trabajo ajeno.

Sin embargo, lejos de decir esto con todas las letras, lo oculta y, en su lugar, mediante una operación discursiva que se transparenta en el video de Rodríguez Larreta, afirma defender el derecho al trabajo cuando en verdad lo cercena reprimiendo la organización de los trabajadores. El discurso de campaña también oculta que para Juntos por la Represión el derecho al trabajo es, en verdad, el derecho que sus mandantes tienen de dar o no trabajo a cambio de un salario y que el derecho del trabajador se reduce a aceptar ese derecho preexistente y, a lo sumo, conformarse con el monto de dinero que recibe a cambio de venderle su fuerza de trabajo a la patronal. Y si no acepta tiene el derecho de engrosar las filas de los desocupados, pero siempre sin chistar.

Es todo. Aquí no se trata de un trabajo y un salario digno; ni de que la inmensa mayoría de la población que vive en territorio argentino subsiste, cada vez más a duras penas, porque tiene un empleo formal, o informal o changuea como puede. De lo que se trata es que nadie defienda su derecho a un trabajo registrado, a un salario digno, a una jubilación sin penurias, organizándose para ello y eligiendo democráticamente a sus conducciones. Para esta derecha renovada, nostálgica del orden y la paz de los centros clandestinos de detención, el sindicato es una mala palabra, a no ser que sus dirigentes sean comprables. El conocido episodio de la “Gestapo sindical”, tramado durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, debe ser considerado como un antecesor genético de esta fascistización del discurso neoliberal.

Entretanto, lo que el video de campaña viene a poner sobre la mesa -aunque sus realizadores y coordinadores de focus group no lo hayan buscado- es la contracara obligada de ese discurso. Nadie debería ignorar ni fingir demencia. Ese discurso es la clausura de la posibilidad de que la democracia consagre a la ciudadanía como un sujeto activo, con capacidad y derecho para exigirles a los gobernantes el estricto cumplimiento de una agenda estatal fundada en la promoción del bien común y la defensa irrestricta del interés público. Vale decir, la ciudadanía no puede comenzar ni terminar en el mero acto de introducir una papeleta en una urna cada dos años.

Es imprescindible que quien pretenda presidir los destinos de la Nación ratifique de manera inequívoca que la ciudadanía no es concebible como masa de maniobra sino como artífice del interés público; que éste es aquel que, con preeminencia sobre el interés particular, asegura la convivencia democrática pues subordina los designios privados al bienestar general de la población. El acuerdo con el FMI, por ejemplo, nunca debería haberse producido, pero su renegociación actual es un imperativo para cualquier plataforma de gobierno que se reclame nacional, popular, democrática y anticolonial. De hecho, la imposición de una devaluación como la que pretende el Fondo resultaría lesiva al interés público y, por consiguiente, al bienestar general.

Y otro tanto debería ocurrir con la defensa incondicional del derecho de los trabajadores a organizarse con autonomía de las patronales y a accionar práctica y legalmente en resguardo de sus intereses. Resultaría inconcebible que un discurso de campaña plantado en las antípodas de Juntos por la Represión, no recalase en el mundo del trabajo para circunscribir la voracidad de las grandes patronales; que no les enrostrara a éstas su responsabilidad penal en la fuga de divisas o su complicidad manifiesta con la represión, como en el caso jujeño, cediéndole vehículos de su propiedad, sin patentes, para detener a docentes y otros manifestantes. Tampoco debería quedar impune el discurso agresivo de la derecha mientras, como lo señala cada día este periódico en su portada, Pepín Rodríguez sigue prófugo ante la inacción de la Corte y Milagro Sala continúa como rehén de Gerardo Morales a expensas de allanamientos propios del gueto de Varsovia.

Mucho tiempo para ello no queda y, por cierto, no hay lugar para excusas ni gambitos que distraigan a un oponente cada vez más atento. Tampoco puede suponerse que lo más pueblo de este país carece de la comprensión necesaria para entender que la Patria camina hacia un despeñadero si no se atina a indicar una dirección distinta.

Dicho de otro modo: si la “Argentina absurda” no se expresa en la campaña electoral, incluidas las Primarias Obligatorias, lo que sobrevendrá será una Argentina aherrojada y semicolonial, condenada al largo parto de una nueva generación que asuma para sí el desafío de enfrentar las más brutales inequidades a partir de la organización y movilización del pueblo todo y, sobre todo, atenta y respetuosa de sus clamores para que estos no sean en vano.

(*) Secretario de Enlace Territorial de la CTA.

Publicada originalmente en: https://www.pagina12.com.ar/565342-la-argentina-absurda