“La dictadura buscó demoler ciertas estructuras sociales de cuajo y para siempre, y en cierto punto lo logró”, evaluó la fiscal Gabriela Sosti, días después de haber culminado su alegato en el juicio contra un grupo de represores de Inteligencia del Ejército por 98 casos de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva, entre 1979 y 1980. Su conclusión, tras más de un año y medio de debate, culminó con pedidos de prisión perpetua para los seis acusados que llegaron con vida al final del juicio, pero no sólo apuntó a eso: reivindicó las razones de la resistencia militante, trabajó para desmitificar la operación montonera y argumentó sus acusaciones por genocidio.

Para Sosti, el juicio que ingresó con su alegato en el tramo final previo a la sentencia fue “fundamental” para “poder revelar quiénes fueron realmente los responsables del exterminio, quiénes lo diseñaron, quiénes lo pensaron”: la Inteligencia del Ejército es, en su conclusión, esa “perfecta máquina de matar”.

De los nueve acusados, todos jerarcas de la Jefatura 2 del Ejército, de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y de Comando de Instituto Militares, todos con base de operaciones en Campo de Mayo, solo seis llegaron a este tramo final: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo y Marcelo Cinto Courteaux. Para todos, Sosti solicitó la pena de prisión perpetua: los acusó de genocidio por los secuestros, torturas, allanamientos ilegales y numerosos homicidios que llevaron a cabo contra militantes montoneros.

En un análisis que realizó para PáginaI12 a pocos días de haber culminado su detallada y puntillosa, pedagógica y sobre todo reparadora exposición para los familiares de víctimas y sobrevivientes —quienes le agradecieron al cabo de cada una de las siete audiencias en las que la desarrolló— y que culminó la semana pasada, la fiscal resaltó cuatro puntos claves del alegato.

Derrumbe de un mito
¿Qué fue la Contraofensiva? Sosti dice que su propósito, como representante de la acción acusatoria por parte del Estado en el debate, apuntó “más allá de probar las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en los centros clandestinos y a conseguir la condena por eso”. A ella, dijo, le “interesó hablar de historia”. “En estos juicios se repasa, se repiensa y se expone la historia como en ningún otro espacio. Son los protagonistas mismos los que llegan a decir cosas que no se pueden decir en otro lado más que frente a un tribunal”, amplió.

Una de las expectativas que tenía al comienzo del juicio era justamente esta: desmitificar la Contraofensiva de Montoneros, una operación que desplegó la agrupación entre 1979 y 1980 con el objetivo de renovar la resistencia a la dictadura y que consistió, en gran medida, en el regreso al país de muchos y muchas militantes que habían logrado alcanzar otros territorios. En ese sentido, aseguró que todo lo vertido en más de un año y medio de juicio “sirvió para desmitificar el mito urbano político por excelencia de la resistencia militante de los 70 que asegura que Montoneros mandó matar a su gente en la contraofensiva. Nada más irreal”.

—¿Por qué?

—Porque quedaron muy claras las razones de la Contraofensiva, porque buscaban e insistían en la búsqueda de un país mejor y tenían muy claras cuáles eran los pasos para lograrlo y no lo sabían solo ellos, lo decían a la sociedad, lo comunicaban, lo difundían. Por supuesto que podemos pensar que fue un error estratégico con el diario de más de 40 años después. Pero lo que quedó claro en el juicio es que la gente que vino a participar de la contraofensiva no lo hizo forzada ni obligada. Todos eran militantes convencidos, militantes políticos que se venían a oponer a una dictadura, una más de las tantas a las que el peronismo se había opuesto a lo largo de la historia de este país. La resistencia a las dictaduras está en el ADN peronista, diría.

El derecho a la resistencia
Hubo, durante el juicio, la posibilidad de plantear un tema que la fiscal cree novedoso en los debates y causas judiciales que revisan e imparten justicia en relación a los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar: el derecho a la resistencia. “Me pregunté en un momento cómo se lucha contra una dictadura, ¿cuáles son las formas habilitadas y cuáles no cuando el que te mata es el Estado?”, reconoció. Y decidió avanzar hacia “esa puerta que se abre con cierto cuidado, para que haya temas que dejen de ser tabú, como es el de la violencia de los 70. Acá hubo resistencia. La dictadura argentina fue la más corta de toda América Latina y eso se debió no a Malvinas, sino a la tremenda resistencia obrera que hubo y que a los dictadores les termina corriendo el colchón.

La inteligencia: una perfecta máquina de matar
Las razones de la lucha, de la militancia y quiénes la llevaron a cabo desde la Contraofensiva montonera fueron uno de los ejes centrales del juicio que ingresó en etapa de alegatos hace poco más de un mes. Sosti, la primera en ofrecer conclusiones, dedicó tiempo para devolverle carnadura a las víctimas: las nombró, las mostró, contó su historia, citó testimonios que ayudaron a esa reconstrucción.

“Todo eso fue de la mano con el otro eje: poder revelar quiénes fueron realmente los responsables del exterminio, quién lo pensó, quién lo diseñó. Fue la Inteligencia del Ejército”, concluyó.

La “perfecta máquina de matar”, como la describió Sosti, se montó desde la Jefatura 2 y el Batallón 601 del Ejército, “el cerebro y el riñón” de esa máquina, y luego los distintos destacamentos esparcidos a lo largo y ancho del país. “Bajo el mando de esa inteligencia estuvieron todas las otras fuerzas represivas, incluso la Armada. Ese monstruo era el que marcaba el quién, dónde, cómo y su final”, remarcó la fiscal.

Dentro del estudio de esa estructura, que fue minucioso, mucha importancia tuvo la lectura de los reglamentos de la Inteligencia. Dijo Sosti: “Son increíbles, primero porque ahí está absolutamente todo escrito, y segundo porque es la legalización absoluta del mal absoluto. Está todo explicado”. También destacó que a partir del estudio de los registros documentales de la fuerza se desprende “la integralidad” de esa Inteligencia: “Sabían todo casi de manera automática en todo el país. La información a travès de esa estructura iba y venía todo el tiempo y eso es una virtud organizativa muy grande ”.

Los seis acusados integraron esta estructura desde cargos jerárquicos. “No eran pelotón, eran cabezas. Tipos muy formados”, destacó Sosti. Además de prisión perpetua para todos, la fiscal solicitó Sosti que se revoquen las prisiones domiciliarias que cumplen Apa, Ascheri, Bano y Dambrosi y que se mantenga la prisión efectiva de Courtaux y Firpo. "Se solicitan las penas más graves previstas, por lo que la permanencia en domicilio desvirtúa esta sanción", argumentó.

Fue un genocidio
“Lo único con lo que no contamos es con los cadáveres”, arengó en un pasaje de su alegato Sosti, según la reproducción que realizó el Ministerio Público Fiscal. “No contamos con datos como el día, hora, lugar y el destino del cuerpo. Sabemos que esas personas están muertas y que los dictadores construyeron el concepto más abominable que se puede concebir: la desaparición", explicó.

—Ha acusado a los responsables de genocidio. ¿Por qué?

—El genocidio no es un contexto, el genocidio es un tipo de delito que incluye determinadas conductas que deben ser calificadas como tales. En esta causa es muy importante porque es entender el por qué de la construcción de ese enemigo. Esos reglamentos preparados para el exterminio fueron muy previos a la dictadura, fueron de la época de la Onganía, ya estaban calentando los motores. Lo que buscaron fue demoler determinadas estructuras sociales para siempre. Y lo lograron.

Pie de foto: “La dictadura buscó demoler ciertas estructuras sociales de cuajo y para siempre, y en cierto punto lo logró”, evaluó la fiscal Gabriela Sosti, días después de haber culminado su alegato en el juicio.

Foto: Enrique Medina