Así, se dio el primer paso concreto hacia la despenalización del aborto. La propuesta discutida por la Comisión lleva la firma de unos 50 legisladores, y cuenta con el apoyo de un amplio arco político. Allí se establece el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado hasta la semana doce, en establecimientos públicos y sin la intervención de otros sectores de la sociedad más que la paciente y el cuerpo médico.

De esta manera, luego de lograr el quórum, la Comisión emitió un predictamen que deberá luego sortear otras dos comisiones, la de Familia y la de Salud, para que el tema llegue a ser discutido en el Congreso. Al respecto, la referente de género de la CTA y miembro de la Campaña Nacional Estela Díaz señala: “así se demuestra cómo está instalado este debate en la sociedad. Recorriendo los medios de todo el país, las radios y los televisivos, en todos lados se está discutiendo este tema y se está pidiendo que el Congreso Nacional debata la legalización del aborto, un tema que hace años venimos debatiendo. Los últimos sondeos muestran un cambio enorme de la opinión pública y un cambio cultural muy grande. Hoy se habla de este tema y hay mayor conciencia de que es injusto que se siga culpabilizando, criminalizando y obligando a las mujeres a andar el recorrido clandestino”.

Sin embargo, para Díaz, “seguramente esta discusión tomará un lugar prioritario una vez que haya recambio legislativo a partir de diciembre, con lo cual de sancionarse, sería el año próximo. Pero ya se nota en el debate que empezó en la Comisión, las voces de muchas legisladoras y legisladores que están preparados para dar el debate y que apoyan la iniciativa”.

Anuladas las leyes de obediencia debida y punto final y sancionadas las leyes de matrimonio igualitario y de democratización de la palabra, para Díaz una ley de despenalización del aborto es una deuda de la democracia que “tiene que ver con la igualdad. La Presidenta decía que este iba a ser el período de la igualdad. Bueno, esta es una ley que habla de la igualdad de las mujeres para el acceso a una práctica en condiciones seguras, que no las discriminen. En sintonía con la ley de identidad de género, Argentina es pionera en esta discusión y creo que en la región, junto con Uruguay, va a ser pionera. Puede demostrar una vez más que a más democracia, más calidad institucional. Y que esto tiene que ver con reconocer más y mejores derechos. En este caso, en un tema de salud y justicia social en la Argentina”.

Las dos posturas

Ayer, pudo verse a cien metros de diferencia y con vallado policial, dos concentraciones con posturas antagónicas: en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, podían verse banderas de diversas vertientes políticas, asociaciones y organizaciones sociales -entre ellas la CTA- apoyando la iniciativa mientras que en la de Rivadavia y Combate de los Pozos estaban los antiabortistas.

Estos últimos, para Estela Díaz son “son chicos y chicas muy jóvenes que fueron traídos por las escuelas católicas y que todavía no tuvieron sus experiencias. Ellos ya se van a enfrentar al dilema de elegir su pareja, su orientación sexual, de elegir un método anticonceptivo. Se van a dar cuenta que esa posición fundamentalista no los deja ni usar preservativo para prevenirse de las enfermedades de transmisión sexual. Es una posición que confronta con lo que después van a encontrar con su vida. Es una intolerancia que propone un modelo de país que atrasa, frente a una sociedad democrática, participativa que reconoce la igualdad y la libertad para el conjunto. Esa es la confrontación, el pasado y el futuro”, apuntó la dirigente.

Mientras tanto, adentro del Anexo, la discusión se prolongó durante tres horas y contó con la presencia de un numeroso grupo de legisladores que se acercaron al debate, aunque sin voz ni voto, con la intención de manifestar su apoyo a la iniciativa. Afuera, los dos grupos de manifestantes anunciaban en cánticos, bombos, banderas y pancartas su postura. Seguramente, en ambos sectores había mujeres que se sometieron a la práctica de un aborto. La diferencia radica en que las mujeres pobres lo hacen en condiciones de riesgo y las ricas, en lugares seguros.

Se estima que en la Argentina se practican más de 400.000 abortos por año, de las cuales entre 80 y 100 mujeres mueren debido a complicaciones en la práctica.