El ajuste educativo llevado cabo por el PRO durante toda su gestión ha dejado como resultado concreto la reducción del presupuesto educativo en un total de 11 puntos porcentuales. Esto significa un ajuste sistemático del 1 por ciento por cada año de gestión, partiendo de un 28 por ciento del presupuesto para educación en el año 2007 hasta llegar a un 17 por ciento para el año 2018. A escala nacional, por el contrario, en el mismo período mencionado, el presupuesto destinado a educación había crecido año tras año. Es a partir del 2015, con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, que dicha tendencia se revierte y la inversión en Educación y Cultura comienza a decrecer y se profundiza el proceso de desfinanciamiento del sector educativo, proyectándose, para el año 2019, una baja en la inversión para estas áreas del 1,25 por ciento, el nivel de inversión más bajo en una década.

Los programas con las caídas presupuestarias más fuertes son el de Infraestructura y Equipamiento (-77 por ciento en términos reales); el Plan Nacional de Educación Digital, ex Conectar Igualdad (-81 por ciento con referencia a 2015); y el programa de construcción de Jardines de Infantes (-68,4 por ciento). Dato, este último, que remarcamos especialmente, pues la construcción de 3 mil jardines de infantes fue una de las principales propuestas de la Alianza Cambiemos durante la campaña de 2015. También sufren recortes muy importantes, en términos reales, las políticas socioeducativas (-60,2 por ciento), la educación técnica profesional (una caída real de -45 por ciento respecto de 2015) y las políticas de Formación Docente (-36,3 por ciento).

En promedio, el presupuesto nacional destinado al sector educativo para 2019 será 42,3 por ciento inferior, en términos reales, con respecto a 2015. El único rubro que no muestra una caída, en ese lapso, es el Programa de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, donde se definen las acciones destinadas a implementar mecanismos de evaluación estandarizada. Si comparamos los rubros de “Formación Docente” (FD) y “Evaluación Educativa” (EE), durante la gestión macrista en el gobierno nacional, se observa que mientras la primera (FD) disminuye un 65 por ciento, la segunda (EE) se incrementa en 140 por ciento para todo el período de referencia, respectivamente. Toda una definición de lo que es la política educativa de Cambiemos.

El “banco de pruebas” de esta política de destrucción de la Formación Docente ha sido justamente la creación de la UniCABA en la Ciudad de Buenos Aires. Un proyecto de creación de una Universidad aprobado a contrapelo de toda la comunidad, que significará el desmantelamiento y cierre progresivo de los 29 Institutos de Formación Docente que actualmente existen en CABA, con una basta y reconocida trayectoria en la formación de maestros/as y profesores/as para las distintas disciplinas, niveles y modalidades del sistema educativo. Esta misma política de cierre de los Institutos Superiores es la que se pretende impulsar en todo el país, como ya ha venido sucediendo en Jujuy, Mendoza, Salta y provincia de Buenos Aires.

Este “laboratorio”, en el año 2019, comenzará con un hecho inédito en la historia de la educación argentina: se cerraran escuelas; en este caso, 14 Escuelas comerciales y cursos de 9 liceos y bachilleratos nocturnos de CABA. Esto significa la restricción plena del derecho a la educación para un sector que claramente lo necesita mucho más que otros, en un contexto como el actual. Una medida que se toma bajo el pretexto de la racionalización del sistema y la reducción del gasto; pero que, básicamente, muestra un profundo desconocimiento de la realidad de los sectores populares y un repudiable desprecio por la educación pública.

Mientras que, por un lado, manifiestan defender los preceptos de la “despolitización de los procesos educativos”, planteando que la educación es la que puede resolver todos los problemas, por otro lado, llevan adelante un conjunto de medidas tendientes a la destrucción del sistema educativo público nacional y al impedimento del ejercicio pleno del derecho a la educación pública para los sectores más desfavorecidos. Se naturalizan, así, las condiciones de desigualdad y se plantea un ideal de “igualdad de oportunidades”, poniendo el foco en los individuos, la meritocracia, las capacidades personales, el emprendedurismo y las competencias, favoreciendo, además, el avance de tendencias privatizadoras de la educación a través de una política basada en el sostenido intento de destrucción de la educación pública y en la apertura de las compuertas que habilitan la introducción de los valores del sector privado y del mercado en la esfera de “lo público”.

Con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, el Estado fue tomado por los empresarios en primera persona, para redefinirlo como un Estado mediador y facilitador de los negocios que hoy pueden concretar quienes están de los dos lados del mostrador: los funcionarios de gobierno y los CEO de las empresas que son los mismos sujetos, familias y “sociedades anónimas”.

Esa composición sectorial en el esquema gobernante es la que permite el avance de la restauración conservadora, con políticas educativas que van en consonancia con la línea ideológica de la vulneración de derechos sociales y el intento de disciplinamiento de la clase trabajadora, que el macrismo comenzó a desplegar desde su llegada al gobierno nacional, y que ya venía ensayando en la CABA.

* Secretaria general de la Ctera.

Fuente: Página/12