“Solíamos hacer 200 prendas por día de las cuales nos pagaban 6 pesos por prenda y nos repartíamos el dinero entre los cinco mayores y posteriormente pagábamos el alquiler de la casa que era de 4.500 pesos”, detalló Esteban Mur quien explicó que el contacto para el alquiler de la vivienda lo había hecho el empresario coreano que les compraba las prendas.

A su vez, Gabriela Carpineti manifestó, que “en la investigación que tenemos desarrollada en la Justicia Federal, exigimos que se cite a indagatoria al empresario coreano y, en segundo lugar, que Fernando Macchi, director de Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Mauricio Macri, vaya la Justicia Federal y explique por qué mientras presuntamente se cometía un delito penal de explotación laboral, no inspeccionó”.

“Nosotros en la Justicia Federal estamos intentando dilucidar si hay un vínculo laboral abusivo, es decir, fraude laboral, y hay también elementos como para calificar este vínculo de explotación laboral y de trata. Para analizar si hay un delito penal estamos contemplando tres elementos fundamentales: la jornada de trabajo, es decir las horas; la remuneración, y el trato y el contexto laboral, o sea la seguridad e higiene. Y comparamos eso con el convenio colectivo del sector textil”.

Carpineti también insistió en la necesidad de “no criminalizar a los talleres textiles, no criminalizar a los costureros. Hay que construir políticas públicas, fortalecer al Estado, organizar ese sector y condicionar al mercado que es el gran beneficiario. Porque además lo que hay que decir es que el trabajo textil en la Argentina representa el 10 % del trabajo no registrado en el país. También hubo una explosión del consumo textil, del consumo popular, de la demanda interna. Y los sectores de altos ingresos que consumen masivamente y los sectores populares que consumen en la feria, en ambos casos es una parte imprescindible de la cadena en el mercado. Entonces el Estado tiene que intervenir más fuertemente sobre ese mercado e inspeccionar correctamente, no para criminalizar y dejar sin trabajo a los costureros sino para construir talleres con derechos y trabajadores con derechos”.

“El mercado inmobiliario también es parte de las complicidades construidas para que sucedan estas tragedias evitables, porque esto no fue un accidente. Donde hay responsabilidad empresarial, hay responsabilidad estatal y hay una consecuencia trágica que es la muerte de Rodrigo y Rolando”.