Acompañaron, en los Tribunales de Comodoro Py, a Esteban Mur Pernea, el papá de Rolando y Rodrigo Menchaca Mur, los niños de 5 y 10 años que murieron tras el incendio en el taller textil de Flores, los abogados querellantes, el compañero Nahuel Berguier y la compañera Gabriela Carpineti, secretaria de Juventud de CTA Ciudad, y el compañero secretario gremial de CTA Ciudad, Ariel Velázquez, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero. Mañana martes, Mur se presentará ante una segunda instancia testimonial.

En su declaración, Esteban Mur detalló: “El coreano era quien nos proveía las telas y nosotros las confeccionábamos, era quien nos pagaba y retiraba las prendas. Trabajábamos unas 14 horas, de 8 de la mañana a 10 de la noche”. Las máquinas pertenecían al empresario coreano que los empleaba. “Ahora entiendo que nunca fueron de nosotros. Él nos decía que nos entregaba las máquinas y que con nuestro trabajo se las íbamos a ir pagando. Por lo que mes a mes nos descontaba el valor de las máquinas. Todo era de palabra”, explicó Mur. “Nunca nos dio un comprobante ni una constancia que dijera que eran nuestras”, sentenció Mur quien agregó que había entregado seis recibos de alquiler a nombre de Sue Yop Lee, el empresario coreano que dirigía la “unidad productiva” en la que trabajaba con su familia.

Y agregó: “Dependiendo las prendas que confeccionábamos era nuestra ganancia. Si llegábamos a diez prendas por día, ese era el pago del día. Si por el contrario, hacíamos cien, nos pagaban por las cien. No teníamos un sueldo fijo. El coreano era quien nos decía cuánto ganábamos por cada prenda. Quien ponía los cierres ganaba una cierta cantidad, mientras que quien hacía overlock ganaba otra. Todo dependía de las máquinas que utilizáramos, porque trabajábamos en cadena”. Se refiere Mur al respecto del trabajo que cada una de las cinco personas realizaba en el taller de Páez 2796. Según testimonió, en el lugar trabajaban, además de él, su mujer Corina Menchaca y sus cuñados Victoriano, Amparo y Julián Rojas. Agregó que a veces se sumaban unos sobrinos: Denis Condori y Flavia Menchaca, y detalló que por una polera le pagaban 5 pesos; por una escote en V, 6 y por una campera 7.

El abogado Nahuel Berguier, en diálogo con Prensa CTA, manifestó: "En la justicia federal prácticamente no hay sentencias vinculadas a la explotación laboral. Con el testimonio de Esteban Mur quedó claro que en el taller la calle Páez había trabajadores cumpliendo catorce horas por día, en condiciones de hacinamiento, y con una remuneración irregular y muy por debajo de lo que indica el convenio colectivo del sector. Y a quienes les cobraban hasta para usar las máquinas de trabajo. Creemos que están dadas las condiciones para que se indague al empresario responsable y luego se discuta en juicio oral y público que en la Argentina quien explota trabajadores en estas graves condiciones, debe responder penalmente".

La causa se encuentra en el Juzgado N° 6 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y este martes 9 de junio a las 10:00 Esteban Mur continuará su declaración testimonial. Los abogados de la querella expresaron que se intenta incorporar a la causa "incendio seguido de muerte" la de “averiguación de delito de trata”. A pesar de que nunca tuvieron una inspección en seis años, el empresario que se hacía llamar “Ayusí”, y la esposa “Ayusa” (señor y señora en coreano), los “trataba de asustar” diciéndoles “que no abramos mucho a puerta y que no le abramos a nadie, porque la policía podía decomisarles todo”.

Por su parte, la abogada Gabriela Carpineti, secretaria de Juventud de CTA Ciudad, señaló: "La declaración testimonial de Esteban Mur es la punta del ovillo para el avance de la investigación judicial y la visibilización pública de este caso como un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, amparado en el artículo 145bis de nuestro ordenamiento penal y la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y las Convenciones internacionales suscriptas por nuestro Estado Nacional. Estamos hablando de un delito gravísimo que vulnera no sólo los derechos laborales sino los derechos humanos más elementales de un ser humano, y que en la actualidad de la globalización junto con el tráfico de armas y de drogas es uno de los negocios ilegales de mayor envergadura cometido por las redes ilegales del crimen organizado”.

Asimismo, Carpineti detalló: “El nivel de explotación que atravesaba la familia Mur-Menchaca bajo las órdenes de este empresario de nacionalidad coreana, de acuerdo a la jornada laboral, la remuneración y el trato laboral que recibían, nos da indicios de que no es sólo un caso de trabajo precario sino de afectación de bienes jurídicos protegidos por nuestro Código Penal y las leyes referidas mencionadas. Es fundamental que las organizaciones gremiales agrupadas en la CTA de los trabajadores y la CNCT hayan visibilizado políticamente esta problemática, acompañando a la familia y al caso desde lo sindical y lo jurídico. Demostramos un sindicalismo vivo y despierto que discute la problemática del conjunto de la clase trabajadora, que no hace oídos sordos a un problema que recorre a toda la región a pesar del crecimiento económico de la última década, que es el del trabajo no registrado y la irresponsabilidad y la corrupción empresaria en sectores de alta rentabilidad como el textil”.

"Estamos trabajando desde la CTA para que se implementen políticas públicas activas y eficientes tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el territorio, para registrar a los trabajadores textiles como a los empleadores. Que la responsabilidad recaiga en las grandes marcas y no en los eslabones más débiles de la cadena de valor, como lo son los costureros", definió Carpineti.

El compañero secretario gremial de CTA Ciudad, Ariel Velázquez, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero afirmó que en la declaración de Esteban Mur aparecen algunos elementos importantes “que dejan ver algunas situaciones que ocurren detrás de lo que se viene, por un lado, tratando de mediatizar por algunos sectores, pero que tiene que ver justamente con el tema de la precarización laboral”. Y detalló: “Esteban en un momento cuenta en su declaración que la jornada que hacía llegaba a las 14 horas, y en algunos casos sus compañeros de trabajo trabajaban en máquinas que el propio empresario les alquilaba, y que sus salarios eran según las prendas que confeccionaban. Prendas que donde se compraran, tiendas o shoppings, no bajan de los 500, 600 pesos y ahí les estaban pagando un estimado de 5 pesos por prenda”.

“Estamos convencidos de que existen muchísimos compañeros en la situación de Esteban, súper explotados, bastardeados, con sus derechos totalmente pisoteados. Lo que se intenta obviamente además de pedir que la justicia pueda actuar, es visibilizar este tema. La explotación laboral, la precarización, sabemos que es algo que vino de la mano con la incorporación de tantos puestos de trabajo, y al pedido de justicia le queremos agregar la necesidad y el compromiso de la CTA de construir una fuerza sindical que sea capaz de empujar estas acciones, de visibilizar y que también se ponga a la cabeza de la lucha contra la precarización que para nosotros es algo que el movimiento obrero tiene que tomar en esta etapa”, concluyó Velázquez.