Comunicado de la CTA Río Negro

La violencia institucional, junto con la violencia de género, es uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. En esta cuestión las fuerzas policiales, junto con varios jueces y políticos, tienen un protagonismo notable, consecuencia de no haberse logrado la profesionalización y sujeción verdadera de la policía a las autoridades democráticas y al respeto por valores éticos esenciales, los derechos elementales de las personas y los valores democráticos que ciertamente muy pocos efectivos policiales conocen y practican.

Por este motivo repudiamos la extorsión y la utilización de la fuerza que detentan los grupos de policías que se autoacuartelan o utilizan sus atributos de poder real para manifestarse, así como el momento político institucional que elijen para hacerlo, con los rumores o intentos de saqueos que han producido un importante temor en muchos sectores de la población, al calor del fogoneo realizado por los grandes medios de desinformación y algunos sectores mafiosos de la política. Es como si un médico o una enfermera se declararan en huelga en el momento de atender una emergencia de salud frente a un paciente que teme por su vida o frente a una catástrofe que afecta a un grupo de población. Nadie dudaría en calificar a eso de extorsión y no de reclamo gremial. En este mismo sentido nos asombra pero no nos preocupa ver a policías tocando el bombo, cortando calles, quemando gomas, ocupando el patio de la Gobernación o haciendo caravanas con vehículos, pues es algo que muchos trabajadores hemos hecho durante largos años para defender nuestros derechos laborales, realmente vulnerados y siendo reprimidos por esta misma policía, al comando de los gobiernos que tan bien se sirvieron de ella para someternos, despedirnos y hambrearnos.

Lo que sí preocupa y mucho es verlos hacer estas medidas en grupo munidos de sus uniformes y sus armas reglamentarias o escuchar que han usado los patrulleros o las herramientas de comunicación policial para protestar. Si en la provincia de Río Negro han sucedido estas cosas, esperamos que prontamente las autoridades públicas tomen medidas de investigación al respecto no sólo contra los policías sino también contra las autoridades políticas que supieron de estos hechos y no hicieron nada para impedirlos o sancionar a quienes los cometieran. Nos referimos puntualmente al Jefe de Policía y al Ministro de Gobierno, quien ha declarado que toda la protesta fue dentro de la ley y que lograron un acuerdo histórico, que seguro lo es para la policía por los beneficios que han obtenido tan velozmente, seguramente merecidos, pero que se constituirán en un privilegio sino tienen un correlato similar para el conjunto de la clase trabajadora pública provincial.

Ningún grupo de ciudadanos de Río Negro podría marchar vestidos de policía y con armas en su cintura reclamando por sus derechos laborales o utilizar ambulancias o vehículos oficiales para hacer caravanas de protesta, sin ser señalados por las autoridades como sediciosos y reprimidos inmediatamente por la policía.

Por esta razón reclamamos a las autoridades de la provincia de Río Negro que, a tono con la expresión pública de un importante grupo de diputados nacionales de casi todas las fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional, repudien claramente la acción extorsiva de las fuerzas policiales en todo el país, comenzando a modificar su relación condescendiente con la rionegrina, clarificando varias situaciones de violencia institucional que duermen en el poder judicial (asesinatos de Bariloche de junio 2010, de Coco Garrido, la desaparición de Daniel Solano, entre otros hechos) y ejerciendo una verdadera autoridad democrática que es evidente que ni el Ministro de Gobierno ni el Jefe de Policía han podido ejercer, pues hace un tiempo que abandonaron el intento de gobernarla desde el poder político, dándoles cada vez más espacios de poder como ocurrió en los penales, donde las fugas han servido para devolver el poder a quienes antes se consideró responsables de graves episodios de violencia, represión y corrupción.

También les reclamamos una acción política decidida para contener a todos los sectores sociales que siguen padeciendo la pobreza y la desigualdad social en la provincia y que hoy se ven afectados por estos sucesos, así como una adecuada respuesta a los miles de trabajadores que hoy reclaman igualdad de derechos a un salario justo como lo han logrado los policías. Por último y como cuestión fundamental advertimos que sería muy terrible que una policía fortalecida por esta conquista crea que tendrá impunidad para reprimir a sus objetivos preferidos: los pibes pobres de nuestros barrios humildes. Que los buenos salarios, los uniformes nuevos y los incentivos signifiquen que se los vea seguido en las calles haciendo prevención y cuidándonos a todos los habitantes y no a unos más que a otros. No queremos volver a marchar por nuevos crímenes derivados de la violencia institucional.