Organizada por el Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional, la actividad contará con la presencia de artistas, periodistas y personalidades públicas y se estima que al cierre Estela de Carlotto leerá un documento final.

Algunos de los participantes serán la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el ministro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, el exministro Jorge Taiana y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto. También se espera la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; el titular del AFSCA, Martín Sabbatella y médicos y periodistas agredidos en el Hospital Borda, entre muchas otras personalidades.

A propósito del objetivo de la campaña, el Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional emitió un comunicado ante los hechos ocurridos el pasado viernes en el Hospital Borda. Allí señalan: “Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional nos sumamos al repudio generalizado frente a la brutal represión ejercida por la Policía Metropolitana en contra de trabajadores, pacientes e incluso periodistas del Hospital Borda, que solo reclamaban contra la demolición de un sector del centro de salud. La violencia institucional se desata en contra de trabajadores y pacientes que no cometían delito alguno criminalizando un conflicto social desatado por la intención del gobierno de construir un “Centro Cívico” en espacios públicos destinados al Hospital Borda”.

“La gravedad de los hechos se multiplica cuando se pone de manifiesto que se reprime para concretar un millonario negocio que beneficie a unos pocos. El Gobierno porteño sacrifica terrenos y edificios destinados a la Salud Pública y ordena la demolición del Taller Protegido N° 19, que conforme el art. 1° de la Ley 955, constituye un efector estatal de la Red de Salud Mental y resulta un eje esencial en la implementación de las políticas de atención ambulatoria, reinserción y rehabilitación de los pacientes”.

“Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional denunciamos a Mauricio Macri y a los responsables de instalar la violencia institucional mediante la represión indiscriminada contraria a elementales principios que regulan el uso de la fuerza pública, que solo debe utilizarse como último recurso y adecuarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Asimismo, denunciamos que esta política de violencia institucional, represión y criminalización de conflictos sociales constituye un elemento central en la política de seguridad del macrismo, que recurre a estas prácticas para silenciar los legítimos reclamos de diversos colectivos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el presente caso donde se encuentra en juego ni más ni menos que la salud mental de sectores vulnerables”, sostiene el documento.

Para más información: http://www.contralaviolencia.com.ar/