Los documentos generados en el Congreso y sobre todo los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, que fueron sometidos previamente a consulta popular, constituyen la guía de esas transformaciones que van dirigidas por una parte a reordenar y fortalecer la institucionalidad existente y por otra a modificar los desempeños de la economía cubana que permita superar la situación de crisis que la afecta.

El fortalecimiento institucional se pretende lograr a partir de una efectiva delimitación de las funciones partidistas de las estatales, una separación operativa entre las instancias de Gobierno y el sistema empresarial y una descentralización administrativa y fiscal que busca fortalecer a los gobiernos provinciales y municipales. Acompañado de una revisión de las estructuras organizacionales, de todo el sistema de regulaciones jurídicas y un incremento de los controles administrativos, la disciplina y el rigor del trabajo de los dirigentes en los distintos niveles.

Con vistas a lograr el otro propósito esencial, es decir el de mejorar el desempeño económico, su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, es indispensable restablecer el nexo entre trabajo y bienestar personal y familiar, hoy día dramáticamente alterado por el deterioro del salario real que data de la profunda crisis eco nómica que sobrevino con la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista europeo, principales socios comerciales del país hasta principios de los años 90. Situación que no ha podido restituirse en la magnitud necesaria, justamente por los malos desempeños de la economía, de tal forma que se ha producido un círculo vicioso entre bajos resultados económicos y no estimulación por el trabajo. Para lograr revertir esta situación, se inicia una ruptura del monopolio casi total que el Estado ha tenido sobre las actividades económicas, desembarazándose de aquellas que no se consideran estratégicas para el desarrollo del país; para ello se legitiman y eventualmente se promoverán nuevas inversiones extranjeras, las cooperativas en diferentes sectores, los arrendamientos y entregas en usufructo de propiedades estatales y el denominado trabajo por cuenta propia, que en algunos casos serán microempresas privadas.

Se apuesta también por una mayor autonomía a las empresas estatales, que incluye dejar una parte de las ganancias para estimulación de los trabajadores y permite a los directivos empresariales fijar formas de pago por resultados y otras alternativas que fortalezcan “el principio de distribución socialista: de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según su trabajo”.

Lo anterior va acompañado o antecedido por el denominado proceso de reordenamiento laboral que significa la disminución de las plantillas en las empresas estatales y unidades presupuestadas, sobre todo del personal no vinculado directamente a la producción o los servicios. Asimismo, como habíamos apuntado antes, se proyecta una descentralización administrativa y fiscal, que favorecerá las posibilidades de gestión de los gobiernos municipales, que podrán diseñar y conducir proyectos de desarrollo local que les brinden ganancias paraatender reclamos sociales y comunitarios.

Se introducen de manera limitada y controlada un mayor uso de mecanismos mercantiles en las relaciones económicas pero manteniendo a la planificación como el elemento rector.

Los mecanismos de incidencia del Estado sobre la economía se basarán mucho más en el uso de las políticas fiscales, monetarias y otros recursos de índole económica y una utilización mucho menor de medidas administrativas.

Esto hace necesario contar con una legislación actualizada y un mayor control sobre la gestión de los cuadros.

En el corto plazo se busca mantener en niveles bajos el déficit presupuestario y propiciar un equilibrio favorable en la cuenta corriente de la balanza de pagos externa (exportar más e importar menos). Esto en aras de evitar procesos inflacionarios que deterioren aún más los salarios y a remontar la crisis crónica de liquidez en divisas que el país arrastra desde los años 80 que ha conducido a un gran endeudamiento externo y a continuos impagos de esa deuda, lo que dificulta aún más el acceso a créditos. En todo ello impacta muy negativamente el bloqueo norteamericano y las políticas no sostenibles de hacer gastos sociales que exceden la generación social de riquezas.

También el Congreso definió las políticas de desarrollo para los próximos años, estas apuestan a un incremento sensible de la producción de alimentos que permita reducir notablemente la dependencia externa en este importante renglón. Se propone demás seguir potenciando los ingresos por turismo y continuar diversificando y expandiendo las producciones médico–farmacéuticas y los servicios de salud y otros de alto valor agregado. La proyección de desarrollo incluye la recuperación o incremento de rubros tradicionales de exportación como el azúcar y sus derivados, el tabaco, el níquel y otras producciones mineras.

La prospección y explotación petrolera en tierra (principalmente costas) y en la zona cubana del golfo de México y la potenciación de la industria de refinación y productos petroquímicos son proyectos priorizados.

Están previstas además inversiones en infraestructuras viales, portuarias e hidráulicas y el mejoramiento del fondo habitacional.

El desarrollo de fuentes energéticas renovables e inversiones para la protección del medio ambiente y para enfrentar los impactos del cambio climático están también contempladas.

Los lineamientos apuntan a continuar y mejorar la eficacia de las estrategias de desarrollo educacional, científico y tecnológico y a incrementar la calidad de los servicios de salud y otros dentro de la política social que se verá muy retada por los impactos negativos que sobre muchas familias tendrán las medidas económicas en curso que tienden a suprimir o a disminuir sensiblemente los subsidios estatales a muchos productos y a eliminar determinadas gratuidades. Se pasa a la lógica de subsidiar familias y no productos. Se reitera en los documentos el compromiso de que “ningún ciudadano quedará desamparado”. Se proclama también la continuidad de la defensa de la identidad y el patrimonio histórico y culturaldel país.

Temas pendientes

Como se aprecia, las definiciones que emergen del Congreso son de importancia, muestran las potencialidades y posibilidades del país y modificarán en múltiples aspectos el funcionamiento social en su conjunto, sin embargo no expresan ninguna intención de introducir cambios o actualizaciones en el sistema político.

La lógica que persiste es llevar adelante estas transformaciones recurriendo ante todo al Partido, las instituciones estatales, las organizaciones de masas y el papel protagónico de los cuadros que de conjunto constituyen el modelo político que heredamos del “socialismo real del siglo XX”, que no ha sido sometido a un profundo análisis crítico pese a las lecciones que emanan de la historia reciente.

Se continúa limitando la participación ciudadana, a las consultas, a estar atentos a sus reclamos, pero no aparecen en los textos nuevas ideas de cómo aumentar su papel en las decisiones políticas ni de como incrementar el control popular sobre las instituciones y los dirigentes, ni tan siquiera sometiendo a reflexión crítica el cumplimiento en la práctica de lo que está escrito al respecto en la legislación vigente.

Desde mi manera de ver el asunto, las transformaciones propuestas son necesarias pero pueden conducir a caminos no deseados si no van acompañadas de cambios en la manera de concebir y ejercer el poder de manera consecuente con un proyecto socialista renovado y afincado en las tradiciones y necesidades del pueblo cubano.

Hay dos, entre muchos peligros, que quisiera mencionar. Uno, pasar de una política que desconocía la lógica económica a otra donde ésta se convierta en la lógica dominante produciendo otra distorsión en la comprensión del complejo entramado de las lógicas sociales y dos, que la resultante de los cambios sea el incremento del poder de la burocracia, sin que ésta tenga un debido control de la ciudadanía.

Este control ciudadano es indispensable porque nunca será suficiente el control administrativo para garantizar que el curso de las políticas sea plenamente consecuente con los intereses de la nación.

De manera reiterada, el Presidente Raúl Castro ha mencionado en sus discursos, incluido el informe central y el discurso de clausura del Congreso, la necesidad de abrir cauce al intercambio de opiniones, mejorar el papel de la prensa, eliminar lo que ha denominado como “secretismo”, es decir la atribución que se ha dado a sí misma la burocracia de cercenar el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos de su gobierno y de su país, el de respetar la diversidad de espiritualidades y prácticas religiosas (hay una importante y profunda reflexión sobre este tema en el informe central) y otras que sobrepasan estrictamente lo referido a la actualización del modelo económico, pero desde mi punto de vista está faltando una mirada crítica y una propuesta más acabada sobre el sistema político y los mecanismos que permitan reconfigurar de manera activa, real y permanente los consensos acerca del proyecto país que nos queremos dar los cubanos y las cubanas y las formas efectivas de participación y control ciudadanos sobre la actividad gubernamental.

El proceso de consulta popular realizado previo al Congreso, aún con las limitaciones que le otorga la práctica política predominante y el escaso debate en la prensa, fue una vez más muestra de las potencialidades existentes en el pueblo cubano, fruto en alta medida de la obra educacional de la Revolución. Los resultados de la consulta mejoraron sin dudas la propuesta de Lineamientos y han acercado éstos a la comprensión y apoyo de determinados sectores, pero no sería realista hablar de un consenso nacional con respecto a estas transformaciones previstas. El largo período transcurrido desde la emergencia de la crisis, desencadenada hace ya 21 años y nunca plenamente superada, ha roto los consensos (algunos analistas lo enfocan como ruptura del pacto social) en torno al proyecto país que procuramos. Hay sin dudas valores compartidos mayoritariamente, provenientes de la historia de la nación, en especial de la historia de los últimos 50 años y ellos son la base para rehacer consensos que no pueden ser vistos nunca más como “unidad monolítica” sino como unidad de la nación en la diversidad que ella es, respetando y más aún, aprovechando la riqueza que da lo diverso.

Cambios políticos necesarios

Ha sido convocada una Conferencia del Partido para enero del 2012 que tratará los asuntos referidos al funcionamiento de esta organización y que pudiera ser una oportunidad para profundizar e impulsar cambios en el diseño y el funcionamiento del sistema político que permitan la ampliación de los consensos, con la consiguiente motivación y compromiso ciudadanos con el proyecto de nación independiente, justa, solidaria, fraterna, próspera para todos y todas, en armonía con la naturaleza, inclusiva de la diversidad que somos, donde no haya espacio para ninguna forma de discriminación, proyecto que constituye el horizonte que la Revolución, por su raíz popular, situó como posible y deseado.

Por supuesto que los impactos políticos y sociales no dependen exclusivamente de las intenciones de los dirigentes del país. La situación que se ha conformado a lo largo de estos años, de carencias, desigualdades crecientes, agotamiento de fórmulas de movilización social, con el consiguiente debilitamiento de la cohesión en torno al proyecto de la Revolución, constituyen un escenario muy complejo que provoca en muchos sectores una escasa confianza y un bajo compromiso con los cambios propuestos.

A lo anterior hay que unir la resistencia que se produce ya a las transformaciones anunciadas tanto por aquellos que sienten amenazada su seguridad por ser muy dependientes de los subsidios estatales o porque perderán sus empleos o por formar parte de los estamentos burocráticos que pueden sentir la posibilidad de perder algunas de sus prebendas y que además tendrán que necesariamente renovar muchos de sus métodos y hábitos de trabajo.

Entre las generaciones más jóvenes la situación es más compleja aún, ya que, como generalidad, por una parte sus experiencias vitales no la unen tan íntimamente con la Revolución como a las generaciones anteriores y su visión de futuro personal no es nada halagüeña. No ven a corto plazo la posibilidad de tener empleos adecuadamente remunerados, ni el acceso a viviendas o a un sistema de transporte medianamente satisfactorio por no decir otras aspiraciones legítimas como el acceso a tecnologías que conocen está al alcance de sus coetáneos en otras partes del mundo. Muchos de estos jóvenes tienen una excelente preparación profesional y por eso pueden aspirar a encontrar buenos empleos en otros países por lo que no es de extrañar que el plan de vida de muchos de ellos pase por la emigración.

Esto último se complica sobremanera porque las políticas migratorias vigentes datan en lo esencial de los años 60 y fueron establecidas en medio de una lucha de clases muy aguda por lo que sus fundamentos y prácticas no se corresponden con la realidad cubana de hoy.

El concepto de “salida definitiva del país”, la práctica de confiscar los bienes de los emigrantes, la obligación de solicitar un permiso para salir temporalmente, entre otros, son contraproducentes desde hace ya mucho tiempo. Esto está provocando nuevas separaciones traumáticas para muchas familias y un descontento generalizado. Muchas personas, aún del mundo oficial, comparten estas apreciaciones pero parece ser que estas políticas continúan atrapadas en la lógica de confrontación con los Estados Unidos y su ley de “ajuste cubano” que estimula la emigración hacia ese país al otorgar privilegios exclusivos a los emigrantes cubanos; sin embargo, probablemente la medida más eficaz para hacer totalmente ilegítima esa ley sea suprimir todas las trabas legales para que los cubanos y cubanas puedan viajar y regresar a vivir a su país de origen cuando lo estimen oportuno.

Desde mi manera de apreciar la situación, el éxito de las transformaciones en curso no depende solamente de la eficacia que se alcance en el funcionamiento de las instituciones y el orden y la disciplina con que se trabaje; ellos son, sin lugar a dudas, factores importantes, pero sin cohesión en torno a un proyecto compartido y posibilidades de un diálogo permanente a escala social, garantizado por el cumplimiento real de los derechos constitucionalmente reconocidos de participación ciudadana y en el que la prensa debe desempeñar un papel de gran importancia, no se alcanzará la motivación suficiente para lograr una contribución efectiva de la mayoría de los ciudadanos en el gran objetivo de preservar todo lo positivo logrado con el esfuerzo de varias generaciones en este último medio siglo, de desterrar los dogmas, los errores y sus consecuencias negativas y de hacer crecer la nación cubana en el espíritu martiano de lograr una república con todos y para el bien de todos.