Fuente: Radio Del Plata

"Hay un sindicalismo que discute la situación de precariedad de los trabajadores" (G.C.)

Entrevista a Gabriela Carpineti por Sandra Russo
Entrevista a la compañera abogada Gabriela Carpineti, secretaria de Juventud de CTA Ciudad de Buenos Aires, por la periodista Sandra Russo.

Carpineti señaló que la Dirección de Asistencia a las Víctimas les hizo decir a los tíos de los chicos que murieron en el incendio "que eran dueños del taller para encubrir la situación de ilegalidad" en la que estaban los trabajadores.

Sandra Russo: -Desgraciadamente hemos visto que éste, como tantos otros temas que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, se fue esfumando de los medios de comunicación. Hace dos meses en un taller clandestino en Flores murieron dos chiquitos. Aquí estuvimos hablando con sus maestros, estuvimos comentando el caso; ahora nos enteramos, y quiero darle el crédito nuevamente a la Agencia Paco Urondo, porque ahí leímos la noticia de que en la causa que se tramita se detectaron graves irregularidades, asombrosas irregularidades, a punto tal que implica a personal de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, a los funcionarios que tienen que defender a las víctimas. En este caso las víctimas fueron dos niñitos que fallecieron y empleados de ese taller que resultaron heridos, que son los tíos de esos chiquitos. Empleados o funcionarios de esa Dirección del Gobierno Porteño habían intentado manipular a esas dos víctimas para que se hicieran cargo de la titularidad de ese taller, cuando no eran ellos los titulares y la habilitación la había obtenido un ciudadano coreano. Los abogados de Esteban Mur, el padre de los chicos, son dos abogados de la CTA, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, y estamos en comunicación con una de ellos. Buenos días, Gabriela, ¿Cómo estás?

Gabriela Carpineti: -Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la comunicación.

S. R.: -Contanos un poco, si es efectivamente así lo que dije, ¿cómo se explica que desde una Dirección que tiene que defender a las víctimas se intente involucrar a las víctimas en un hecho ilícito?

G. C.: -En la medida que estamos avanzando en la investigación de esta causa es que vamos estudiando, verificando, cómo actúan cada uno de los actores implicados. Por un lado obviamente estamos demostrando la responsabilidad penal del empresario coreano y estamos avanzando en la investigación en la cadena de comercialización de esas prendas.

S. R.: -Recordemos, Gabriela, que después del incendio que terminó con los dos chicos muertos y con sus tíos heridos hubo un segundo incendio donde aparentemente se quemaron pruebas.

G. C.: -Sí, exactamente, ese incendio también se está investigando porque había facturas y parte de la prueba que acreditaba la relación de comercialización y los vínculos laborales. Si bien no había ningún tipo de registro de los trabajadores, las prendas eran facturadas. Había facturas con niveles de legalidad muy débil. Pero lo cierto es que parte de todo el vínculo laboral estaba acreditado en lo que se incendió la semana posterior al hecho del 27 de abril. Te decía, a medida que estamos avanzando en la investigación judicial, vamos echando luz en las testimoniales. Esteban testimonió tres veces en el Juzgado Federal Nº 6 y particularmente después me voy a referir a lo que implica la importancia de llegar a producir testimoniales en casos como éstos donde se está investigando el delito de trata con fines de explotación laboral, tipificado en el artículo 145 bis de nuestro ordenamiento penal y en la Ley de Trata promulgada en abril de 2008 y luego modificada y sancionada en diciembre de 2012. Particularmente esta semana desde la Central de los Trabajadores de Argentina y producto del trabajo judicial que estamos haciendo para que Esteban testimonie, en la causa denunciamos el accionar de la oficina de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Leonardo Suchet dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Mauricio Macri. Y por qué prestamos especial atención y denunciamos esta cuestión, porque consideramos que el Estado no es neutral. El Estado en ninguna circunstancia es neutral, ni en lo que se refiere al cumplimiento ni al incumplimiento de la normativa laboral. Y eso genera una serie de episodios que en este caso terminó con la vida de dos niños y con heridos y sobrevivientes, y todos los efectos posteriores a un hecho de estas características. Que pasa cuando el Estado no actúa acorde a derecho. Un derecho es una ley que existe porque Argentina no es como otros países del mundo que no suscribieron o no se adaptaron a la normativa internacional en materia de persecución de delitos de estas características. Me refiero a trata de personas con fines de explotación laboral. El Estado Nacional asumió el compromiso de combatir este tipo de delitos, como te decía a partir de la promulgación de la Ley de Prevención, Sanción y Asistencia a las Víctimas de trata de personas. El Estado Nacional está comprometido con esta ley que fue luego modificada en el 2012 para Prevenir, Sancionar y Asistir a las Víctimas de este tipo de delitos. Argentina de esta manera se adapta y ratifica lo que es conocido como Protocolo de Palermo (Italia) que justamente se firma en el año 2002. Así que nuestro país se adapta absolutamente a la adecuación a este protocolo seis años después. El protocolo establece normas y disposiciones muy precisas de cómo se debe asistir a las víctimas cuando es descubierto un delito, o se presume que hay un delito de estas características. Y en el año 2008, ya gobernaba Mauricio Macri en diciembre de ese año, la Ciudad de Buenos Aires firma el Protocolo de Asistencia a las Víctimas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, estaba el mismo jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y estaba la misma ministra de Desarrollo Social, no es que uno puede aducir que cambió el gobierno o que cambió la política. No, ninguno de los dos Estados han cambiado su política, ni el Estado Nacional de seguir cumpliendo y trabajando para la promoción y el cumplimiento de la Ley de Prevención, Sanción y Asistencia a las Víctimas y el gobierno de la Ciudad que tiene el mismo gobierno, la misma gestión política que sigue manteniendo la firma de este protocolo. Este protocolo implica que la jurisdicción local de la ciudad de Buenos Aires se adecua a la Asistencia a la Víctima prevista tanto por las leyes nacionales como por los protocolos subsiguientes.

S. R.: -Yendo a esta causa particular, Gabriela, ¿de qué manera ustedes consideran que se ha violado ese protocolo?

G. C.: -En primer lugar, cuando sucede el hecho el 27 de abril, se presentan operadores de la oficina de Dirección de Asistencia a las Víctimas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y acompañan a Julián Rojas y a Amparo Menchaca, tíos de Rolando y de Rodrigo Mur Menchaca, sobrevivientes del incendio, porque estaban ese día ahí con ellos, a declarar a la comisaría. Todos sabemos que lo primero que le llega a un juzgado de instrucción es el sumario policial, después uno hace el trabajo para declarar nulo eso, para declarar que está viciado. Pero en esa declaración policial que hacen los sobrevivientes son asesorados por los operadores de la Dirección de Asistencia a las Víctimas. Ellos de alguna manera testimonian que eran los dueños del taller cuando nosotros venimos demostrando que eso no es así y que obviamente, atravesados por el miedo, el temor, los condicionamientos, la persecución, ellos declaran eso en sede policial. Luego los entrevistan en el hospital los mismos operadores de la Dirección de Asistencia a las Víctimas del Gobierno de la Ciudad. Todo esto, además, lo hacen público y lo vuelcan en el expediente. O sea, llevan la entrevista que le hacen en el hospital a una presunta víctima de un delito de estas características y además sobreviviente de un hecho trágico y evitable como el incendio. Llevan eso, lo muestran en el expediente judicial y lo incorporan. La Dirección de Asistencia a las Víctimas incorpora esa entrevista al expediente. En esa entrevista el asesoramiento que ellos les brindaron y tal cual trascribieron la palabra de Amparo Menchaca, parece como si ella fuese víctima responsable de su propia condición de vulnerabilidad. Dicen que son dueños del taller cuando probamos que no, sabemos que no es así. Dialogamos con ellos en otras condiciones de acompañamiento y ayuda psicológica, con profesionales del área que dirige Zaida Gatti (Coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación). Sabemos que eso no es así, que ellos estaban en una instancia de súper explotación y que esto de decir que eran dueños, es para encubrir la situación de ilegalidad a la que los sometía el empresario.

S. R.: -O sea que ellos tratan de alguna manera de invisibilizar, de borrar de la escena al coreano que era el dueño del taller clandestino para a su vez invisibilizar sus propias irregularidades.

G. C.: -Sí, totalmente, primero vemos que desde hace seis años, el Gobierno de la Ciudad nunca inspeccionó ese lugar en Páez 2796, donde estaban los trabajadores de costura. Y desde el 2013 tiene una denuncia de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), cuyo titular es Marcelo Colombo, de que en dicho lugar podrían estarse realizando actividades ilegales, podría estar cometiéndose el delito de explotación laboral. En seis años el Gobierno de la Ciudad, la Dirección de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Ezequiel Sabor (Subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires) y del Ministerio de Desarrollo Económico nunca inspeccionó ese lugar a sabiendas de esta presunción de delitos de explotación laboral. Primero eso, omisión, negligencia, y demás. Incumplimiento absoluto de los deberes de funcionario público. Y después, consumado el hecho, consumado un hecho de estas características que era evitable, porque el incendio se produce por las condiciones de inseguridad y de higiene en las que así se trabajaba y se vivía en un lugar que funcionaba de establecimiento laboral y habitacional porque trabajaban 14 horas diarias, lo que se conoce como ’cama caliente’; después, cuando sucede esto asisten a las víctimas para encubrir al empresario que los explotaba como para desdibujar la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires de inspeccionar y controlar los lugares de trabajo de su jurisdicción.

Karina Micheletto: -Gabriela, sos abogada, docente y militante. Yo te he visto siempre relacionada con causas de UTE-CTERA, del gremio docente, y en este programa nosotros marcamos cómo el gremio docente y la Escuela como institución fueron los primeros que se acercaron a estas víctimas cuando parecía que a nadie les importaban, que eran muertos menos importantes que otros muertos. ¿Por qué decidieron ustedes representar a estas familias?

G. C.: -Mirá, en realidad yo creo que ellos nos eligieron a nosotros. Porque así como decía Sandra que el Estado no es neutral, ni el Estado Nacional fue neutral cuando decidió promover una ley que persiga, prevenga, sancione y asista a las víctimas de esos delitos, el Estado de la Ciudad tampoco fue neutral. En materia de asistir a las víctimas, y nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de la Educación, como UTE-CTERA y la Central de los Trabajadores de Argentina, tampoco somos neutrales. Entonces, esa no neutralidad y esa forma de acompañar desde el primer momento que tuvimos a la familia Mur Menchaca hizo que ellos vieran que hay un Estado que se expresa a través de la Escuela Pública, a través de la organización de los trabajadores que sí está presente y que sí abraza a las familias trabajadoras antes, durante y después de estos hechos porque en realidad nosotros sabemos que muchos de los chicos que viven con padres que trabajan en esas condiciones también sufren un montón de situaciones y eso se expresa en la Escuela Pública. Fue a partir de la Escuela Pública que la CTA y UTE se pusieron obviamente a disposición de la familia y fueron ellos los que nos eligieron a nosotros. Porque vieron que así como hay una escuela pública presente, los trabajadores que se organizan en la escuela pública también estamos presentes y demostramos que el sindicalismo no sólo va a los medios de comunicación. Recién escuchaba el inicio del programa de Sandra, sobre los medios, sobre la política y sobre los que elegimos en esta década, en estos años. Lo cierto es que a nosotros no nos interesa ir a los medios a hablar solamente del problema del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Hay un sindicalismo que está discutiendo que todavía en la Argentina de hoy tenemos una porción importante de los trabajadores que viven, que trabajaban en condiciones de precariedad. Entonces nosotros estamos presentes para discutir eso. Y si vamos a los medios no es para hablar del horror de la esclavitud, porque nosotros no hablamos desde esa perspectiva, ya que no se trata de esclavos sino de trabajadores, precarizados y explotados laboralmente y la irresponsabilidad y la clandestinidad es la de los empresarios. Entonces nosotros creemos que actuamos acorde a lo que nos exige la coyuntura política en este momento de la Argentina y de la región.