Fuente: Página/12

El no te metás, a patadas

Emiliano Ulloa es el primer caso en utilizar el convenio entre Secretaría de DD.HH. y la Defensoría General de la Nación.
Un empleado de un restaurante denuncia a un grupo de prefectos por golpearlo, humillarlo y abrirle una causa trucha. Intentó interceder para que no golpearan a un chico esposado y en el piso. Debió pagar seis mil pesos para la fianza.

Emiliano Ulloa es argentino y cree que el no te metás es un mito. De hecho, hace dos semanas que vive una pesadilla por sostener ese criterio. El pasado lunes 20 de julio, volvía en bicicleta de su trabajo –es ayudante de cocina en un restaurante de Florida y Santa Fe– hacia su casa, en Catalinas Sur, cuando vio a un uniformado de la Prefectura pateando a un chico que intentaba cubrirse como podía, en el piso y esposado. A Emiliano, de 26 años, le pareció indignante y le salió decir “¡Ey, ya está! ¡Ya lo tenés!” Con otra tesitura, el prefecto le recomendó “¡No te metás!”, que viniendo de boca de un uniformado suele ser más que convincente. Ulloa insistió. Detrás suyo otros dos prefectos lo levantaron en peso, y Emiliano apareció de golpe y a los golpes en el piso, maniatado y pateado en simultáneo. Lo trasladaron a una comisaría y después a otra, mientras que a sus familiares les iban dando rastros erróneos como para que la preocupación hiciera su efecto y, de paso, tomarse un tiempo para meditar sobre el futuro del osado ciclista. Estuvo detenido 72 horas. Le abrieron una causa por robo a un menor, por lo que terminó declarando ante un juez de Menores. Allí declaró que lo humillaron, que lo golpearon, lo que motivó otra causa que investigará a los prefectos. Mientras, él sigue acusado, libre bajo fianza: tuvo que reunir 6 mil pesos para entregar en el juzgado.

El de Emiliano Ulloa es el primer caso que pone en práctica el convenio de asistencia gratuita a víctimas de violencia institucional firmado el martes pasado entre la Secretaría de DD.HH. y la Defensoría General de la Nación.

Desde hace más de 15 años, Emiliano vive en el barrio Catalinas Sur, un complejo de monoblocks que se levanta por detrás del Hospital Argerich, en La Boca. Tiene 26 años y se mudó con su familia desde Quilmes, cuando tenía 10. A Emiliano lo conocen todos en el barrio. Ahora trabaja como ayudante de cocina en una casa de comidas de la Galería del Este, Florida casi Santa Fe. El 20 de julio volvía en bici, con un paquetito de comida que se traía del restaurante, siguiendo su recorrido habitual: Alem, Paseo Colón, en algún momento Huergo, Gualeguay, y el Catalinas Sur, antes, barrio Alfredo Palacios. Pero en Huergo y Brasil, en una canchita de fútbol que está a las puertas del barrio, Emiliano vio a un chico sujeto en el piso por un miembro de la Prefectura que lo golpeaba y le gritaba “¡Quedate quieto o te mato!” “¡Ey, pará, ya lo tenés, no sigas!”, le dijo Emiliano al prefecto. Más allá, otro prefecto hacía lo mismo con otro detenido. “‘¡Tomátela! ¡Rajá de acá!’, me dijo y le dije que soy del barrio, y que tengo derecho de decirle basta. ‘Si no parás te filmo con el celular’, le dije”. De más está decir que no se detuvo. No sólo eso. El detenido fue Ulloa, tomado por la espalda por varios brazos uniformados que lo sembraron por el piso, lo esposaron, y lo patearon.

Algunos vecinos que estaban en el lugar –serían alrededor de las ocho de la noche– intentaron intervenir reclamando. Una mujer empezó a filmar con un celular y también la detuvieron. “Pasé a ser otro ‘delincuente’”, aseguró Ulloa aplicando las comillas. Lo arrastraron unos 200 metros hasta la casilla de la Prefectura donde le volvieron a pegar mientras le preguntaban “¿Te duele?”; le pegaban en los riñones, en el hígado. Diez prefectos contó Emiliano que le pegaban. “Me preguntaban si me gustaba robarles a los pibitos y como yo quería avisarle a mi mamá, me decían ‘Tu mamá se va a enterar cuando aparezcas en el río, dentro de dos o tres días’.”

Al parecer, el padre de un chico había denunciado que le habían robado el celular a su hijo, y Ulloa pasó a participar de la resolución del caso. En algún momento vio a un chico, tal vez a quien le quitaron el celular, y lo oyó decir “ése (por él) no tiene nada que ver”, pero no atendieron la aclaración. Poco después lo llevaron a la comisaría 24ª, en La Boca, donde no lo retuvieron porque la seccional no estaba en condiciones edilicias. Mientras estaba allí, alcanzó a enviar un mensaje a su familia. Pero lo trasladaron a la comisaría 30ª. “Si preguntabas en la 30ª te decían que era de la 24, y ahí te decían que no estaba”, relató Nayla, sobrina de Emiliano. En la 30ª le abrieron una causa por “robo agravado en poblado y en banda con la participación de un menor”. El acta fue labrada por los prefectos y dice que Emiliano escapó en bicicleta pero que regresó para socorrer a sus cómplices. “El acta no explica cómo se llega a las detenciones”, sostuvo Nahuel Berguier, abogado de Ulloa.

La causa recayó en el Juzgado de Menores 41, donde le tomaron declaración. Allí surge su denuncia que abre una nueva causa que desemboca en el Juzgado de Instrucción 12, que deberá citarlo para ratificar, y la fiscalía de Instrucción 32, a cargo de Ana Yacobucci.

Entretanto, Ulloa estuvo tres días preso por una detención ilegal y para salir debió pagar una fianza de seis mil pesos.

Junto a Berguier, como querellante, se presentará la Defensoría General de la Nación, que recibió el caso a través de Juan Fresneda, secretario de DDHH, por medio del convenio de atención gratuita a las víctimas de violencia institucional. La DGN se presentará como querellante a través de una resolución que habilite a Nicolás Laino, defensor oficial, a actuar como querellante.

horaciolqt@yahoo.com.ar